Guadalajara, Jalisco.

Garantizar el derecho humano al agua se ha vuelto una odisea en Jalisco, pues al día de hoy está entre una de las violaciones más frecuentes registradas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), y la autoridad encargada de brindar ese servicio es de las más señaladas.

A partir de 2020, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) se volvió el primero en acumular quejas por el deficiente servicio, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión, y hasta ahora se mantiene en los primeros lugares.

En este 2022, el organismo defensor de derechos humanos en Jalisco incluso concluyó la investigación iniciada por la gran cantidad de quejas presentadas en 2021, a raíz del desabasto de agua y la mala calidad con la que llegaba el líquido a más de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara; misma que derivó en una recomendación a diversas autoridades estatales:

En la misma, se advierte que queda “plenamente acreditada la transgresión a los derechos humanos al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la protección a la salud”, entre otros, por parte del personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal del Agua, el Siapa y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco.

Se trata de un documento de más de 200 páginas donde se consigna cómo el desabasto y la llegada de agua turbia han sido una constante en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Desde 2018 hasta 2021, se acumulan 34 mil 348 reportes por la carencia de agua potable, pero tan sólo el año del inicio de la pandemia, están registrados 31% de ellos, con 10 mil 969.

Destaca que de 2019 a mayo de 2021, se presentaron mil 903 quejas por la inadecuada prestación de servicios en materia de agua, pero tan sólo los primeros cinco meses de 2021 se acumularon la mayor parte de procesos iniciados, 97% correspondía al desabasto y 3% a la distribución de agua turbia.

La estadística de quejas en la página web del organismo revela que en 2020 el Siapa acumuló mil 683, el año siguiente se presentaron mil 206 y tan sólo hasta febrero de este año se habían interpuesto 912.

Quejas presentadas contra el Siapa ante la CEDHJ

*Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Además, en la recomendación se documenta las visitas del personal de la Comisión a las colonias para verificar los reportes de desabasto o agua turbia, así como el envío de muestras a laboratorios privados para verificar la calidad del líquido, con las cuales quedó acreditado que no se garantiza ese derecho.

Respecto a eso, resaltan que el Sistema de Abastecimiento de Agua para uso y consumo humano, que administra el Siapa, no cuenta con la certificación de la condición sanitaria de las instalaciones hidráulicas por parte de la Secretaría de Salud.

El Gobierno de Jalisco justifica a este organismo que los bajos niveles de agua en la Presa Calderón, una de las fuentes principales de abastecimiento para los municipios metropolitanos, ocasionados por una aparente sequía en ese año, influyeron en el desabasto, mientras que falta de limpieza en tanques para hacer menos cortes de agua en las colonias y disminuir la carencia durante la pandemia de COVID-19, llevaron a la salida de agua turbia.

Sin embargo, en un análisis hecho por la Comisión de los informes anuales del Siapa sobre el almacenamiento y extracción de metros cúbicos de agua en la Presa Calderón no sostienen los argumentos del gobierno estatal en relación a que en 2021 hubo una mayor extracción del líquido, debido a la pandemia, pues entre años del 2014 a 2020 ya se habían registrado esos niveles.

En el tema de almacenamiento sucede algo similar. En 2015, se presentó una temporada de estiaje, pero no restricciones en el acceso al agua, como ocurrió durante 2021 en las colonias del Área Metropolitana.

De esta manera, los factores externos que justificó la autoridad estatal no se sostuvieron para el organismo, y más bien determinó que esta crisis de agua se debió a omisiones o negligencia por parte de servidores públicos, e incluso fueron insuficientes las acciones que argumentaron haber realizado para evitarla.

El desabasto, las inundaciones, la emergencia por riesgos de hundimientos, la distribución de agua de mala calidad, las fallas en la infraestructura hidráulica y la generación de violencias socioambientales, son factores que evidencian una mala gestión del agua en Jalisco, y por ende, las violaciones a ese derecho humano, según la Comisión.