Fotografía: Cortesía
Guadalajara, Jalisco.

La crisis de desaparecidos y una nula implementación de las leyes en la materia aprobadas este año en el Poder Legislativo, no motivaron a un aumento de recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda; al contrario, disminuyen, mientras que los rubros de Comunicación Social y Entretenimiento tienen incrementos considerables en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado.

Si bien dependencias como el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses (IJCF), la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aparecen con un incremento general de 22%, la Comisión de Búsqueda reduce 454 mil 643 pesos sus recursos, al pasar de 39 millones 659 mil a 39 millones 204 mil pesos.

La misma tiene una de las funciones más importantes en el Sistema Estatal en la materia: la búsqueda inmediata, y con vida, tras la presentación de una denuncia.

Al contemplar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas coloca en el primer lugar nacional a Jalisco con 14 mil 500 personas en esta condición, el monto promedio para buscar a cada una sería de sólo dos mil 700 pesos en todo el año.

Esto contrasta con los gastos en Comunicación Social, que se propone crecerlos 16% en 2022. De tener 193 millones de pesos en ese rubro, el próximo año pasarían a 226 millones. La Agencia Estatal de Entretenimiento también tiene un aumento exponencial de 476%, pues de tener 13 millones este año, el próximo ascendería a 78.

La dependencia relacionada con la atención de desaparecidos que tiene un mayor aumento es el IJCF, al pasar de 287 millones a 363, aunque se debe considerar que, de acuerdo a informes presentados por las familias de desaparecidos, Jalisco tendría más de cinco mil cuerpos sin identificar.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tiene un aumento de 11%, al pasar de 94 a 104 millones de pesos.

Las tres instituciones generan nuevas obligaciones con la Ley Estatal de Desaparecidos, que implican la necesidad de mayor presupuesto para implementarla. Todas han incumplido con los plazos que marca esta legislación y tienen pendiente la creación de los registros forenses, de desaparecidos y de búsqueda, mismos que deben estar actualizados y las tres deben coordinarse para ello.

En el caso de la Comisión de Búsqueda también falta consolidar los grupos especializados de búsqueda, un área de análisis y contexto, áreas de gestión y procesamiento de información, así como una nueva área de vinculación y atención a familiares, además de todas las unidades administrativas que resulten necesarias.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aparece con apenas un incremento de 14%, al pasar de 43 a 49 millones de pesos. La misma también genera obligaciones con la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia: la de acompañar a las familias en el proceso jurídico para obtenerla.

De acuerdo con las familias, este año batallaron para ese trámite porque en la Comisión no hay personal “ni para que les conteste los teléfonos”.

Fatima Aguilar

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