Guadalajara, Jalisco.

El 13 de febrero de 2018, el entonces titular del órgano interno de control del Ipejal, Jesús Pablo Barajas Solórzano, compareció ante el fiscal adscrito a la Agencia 05 de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos, de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, para presentar una denuncia penal, que derivó de una auditoría realizada a los Servicios Médicos del Ipejal, por irregularidades encontradas en tres Unidades Médicas Familiares (Unimef), ubicadas en Pila Seca, Federalismo y Javier Mina, respectivamente.

En su relatoría de hechos, el titular de la Contraloría de Ipejal, mencionó que a partir de los resultados de la auditoría interna llevada a cabo se logró establecer como “resultado parcial” que se encontraron inconsistencias en las recetas expedidas por los médicos tratantes de las tres Unimef señaladas, esto es, “que las recetas que verídicamente fueron expedidas por los médicos establecen un número determinado de medicamentos, mismas que no coinciden al momento de cotejar con las pólizas que contienen cada una de las facturas que se revisan administrativamente y que obran en la Dirección de Servicios Médicos del Ipejal”.

Lo anterior, fue acreditado y confirmado por el titular de la Contraloría del Ipejal toda vez que “los médicos tratantes rubrican la receta que habrá de surtirse en cada una de las farmacias y que al momento de facturarse estas recetas que se revisaron administrativamente no están rubricadas por cada uno de los médicos tratantes”. De ahí que encontró una evidente “manipulación de dicha documentación en detrimento del Ipejal”, acontecimiento que tendría una responsabilidad penal o administrativa de los servidores públicos involucrados.

Es importante hacer mención que, en el mismo documento de la Agencia del Ministerio Público, el entonces titular del OIC del Instituto de Pensiones, mencionó que se le solicitó a su director de Servicios Médicos “la entrega de la totalidad de las pólizas sujetas a revisión mediante la auditoría iniciada”, no obstante, “dicho director se negó rotundamente a llevar a cabo la entrega de la referida documentación”, según se advierte en la denuncia.

Además, el contralor del Ipejal menciona que, derivado de un contrato de licitación y de prestación de servicios, Abisalud no sólo era la empresa proveedora de los medicamentos en las farmacias del Ipejal, sino que también se encontraba encargada de la administración de las farmacias pertenecientes a las tres Unimefs señaladas.

Lo anterior, podría indicar una probable complicidad entre Abisalud y diversos servidores públicos de la Dirección de Servicios Médicos, luego de reconocer que, al igual que el director de Servicios Médicos del Ipejal, las personas encargadas de la administración de la farmacia “se negó rotundamente a entregar la documentación solicitada” por el otrora contralor del Ipejal.

Lo anterior, coincide con una “denuncia anónima” presentada por los trabajadores sindicalizados de la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, ante el contralor interno del Ipejal, “por el manejo irresponsable” en las mismas Unimef señaladas por el entonces contralor del Ipejal, respecto del área de farmacias en razón del conocimiento de “recetas alteradas” y adquisición de “medicamentos a sobreprecio”.

Posterior a ambas denuncias, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Contraloría Interna del Ipejal y la Contraloría del Estado (como coadyuvante) procedieron a la investigación con la revisión inicial de 100 cajas en las tres Unimef involucradas en lo declarado por el ex contralor, para advertir los siguientes hallazgos adicionales a los declarados por Barajas Solórzano:

i) Existencia de recetas sin sello como condición obligatoria;

ii) Entrega de medicamentos sin receta médica;

iii) Recetas emitidas con folios subsecuentes (de un original se desprendieron varios);

iv) Recetas duplicadas sujetas a verificación de su validez;

v) Recetas emitidas con inconsistencias en el medicamento señalado contra el vale de almacén;

vi) Inconsistencias en contenido de recetas por más de $5 MDP, lo que no da certeza en el control de los medicamentos administrados y dispensados al paciente;

vii) Presunción de posibles falsificaciones de firmas; y

viii) El hallazgo de 27 médicos adicionales (como firmantes de las recetas apócrifas) a los 55 médicos registrados en el Padrón Autorizado por las Unimef, para dar un total de 82.