Guadalajara, Jalisco.

Frente a las denuncias hechas públicas por el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega y el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega respecto a que fueron retenidos por grupos del crimen organizado en la Región Norte de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos espera que ahora sí se haga caso a la situación de inseguridad que viven las comunidades wixárikas desde hace años.

Su presidente, Alfonso Hernández Barrón expresó que la Comisión tiene años con documentación de estos hechos y la solicitud a través de pronunciamientos para que los tres niveles de gobierno se coordinen en garantizar la seguridad a los habitantes de esa región, pues por meses no llegan los programas sociales ni los servicios públicos a esta comunidades debido al riesgo por esta situación.

“Pues sería bueno para que las autoridades tomen conciencia y dejen de manejar el discurso políticamente correcta y nos digan realmente lo que está sucediendo y qué están haciendo porque es muy irresponsable que las comunidades de la Zona Norte, particularmente las comunidades wixaritari se queden sin servicios públicos y personal médico porque se garantiza la seguridad en sus territorios”.

Recordó que los municipios de Huejuquilla, Mezquitic, Colotlán, Santa María de los Ángeles y Bolaños, son algunos en los que sus habitantes han padecido desapariciones, homicidios, agresiones. También la retención de otros funcionarios por grupos del crimen organizado, incluso él y personal médico ha pedido su salida de esa región.

“La colindancia ahora de Jalisco con nuestros vecinos en la Zona Norte es el territorio ahora de disputa de algunos grupos que han provocado afectaciones a la población, que se han visto impedidas incluso a salir de sus comunidades por el temor a ser detenidas, retenidas, hasta ser robadas o agredidas”.

El último pronunciamiento de este organismo, según Hernández Barrón, hizo que se prestará atención a esa situación y ya se colocaron también retenes por parte de la policía municipal y hay presencia de elementos del Gobierno federal.

Sentenció que frente a las corporaciones policiacas “tan básicas” de estos municipios, se requiere forzosamente la presencia de autoridades estatales, federales e incluso la coordinación con estados como Zacatecas, Durango y Nayarit, de lo contrario, no será posible garantizar la seguridad en esas poblaciones.