Guadalajara, Jalisco.

Con 31 votos a favor, los diputados locales avalaron inhabilitar por dos años de cualquier cargo público al ex alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, denunciado por una subordinada de acoso sexual. La resolución del Pleno también obliga a que el Ayuntamiento le pague los salarios caídos por el tiempo que la mujer pidió licencia a su cargo para mantenerse segura, tras la denuncia penal interpuesta contra el ex funcionario.

Durante la sesión, que comenzó al mediodía, los diputados que integran la Comisión de Responsabilidades se colocaron como parte acusadora y se abstuvieron de votar porque así lo marca la Ley Orgánica del Legislativo. Fue esta comisión quien propuso el periodo de inhabilitación al Pleno. El diputado del PAN, Jorge Antonio Chávez y la diputada Hortensía Noroña del PRI, no asistieron.

El presidente de la Mesa Directiva, José María Martínez insistió en que la sanción es leve, pero no pudieron cambiar el periodo, porque se acordó que saliera la petición de la Comisión de forma unánime. Aseguró que los tiempos no dan para facilitarle al ex funcionario su participación en el proceso electoral de 2024.

“Recuerden ustedes que el proceso (electoral) en Jalisco arranca con la instalación del Consejo del IPEC, que es más o menos la primer semana de octubre para el año 2023 y entonces los registros andarán por el mes de marzo, abril, por tanto en la fecha yo ya creo no es viable porque recuerden que también hay exposición expresa para que toda aquella persona sancionada, y más tratándose en violencia política contra las mujeres, no pueden tener participación en ningún proceso electoral”.

Aseguró que aunque no se trata de un proceso penal, esta inhabilitación sí lo imposibilita a ser candidato porque es una resolución definitiva.

Quienes interpusieron el juicio político fueron integrantes de Las Paritaristas, pues cuando la mujer acudió con el ex presidente municipal, Sergio Quezada para pedir su apoyo por el acoso y hostigamiento sexual del director de Padrón y Licencia, Efraín Martínez, terminó por incurrir en lo mismo. El Congreso desechó la solicitud contra el otro ex funcionario por no estar dentro del catálogo de sujetos de juicio político.