Guadalajara, Jalisco.

A más de un año de la orden de un juez para cerrar el vertedero de Tapalpa, el Ayuntamiento ha incumplido con ello y los habitantes de la comunidad de Atacco, quienes recurrieron al amparo donde se dio esta resolución, no se quedaron de brazos cruzados.

Ahora el caso fue enviado a un Tribunal Colegiado de Distrito, que deberá analizar si los servidores públicos cumplieron con lo que determinó el juez. Al respecto, Ignacio Hernández Medina, representante legal de los pobladores que en 2019 recurrieron a este recurso jurídico, explicó.

“Una resolución de fecha de 7 de octubre de este año, en la cual se determina que, en vista de que no cumplieron con la sentencia, ni siquiera demostraron que estaban haciendo lo posible por hacerlo, se ordena girar el expediente a un Tribunal Colegiado de Distrito, que es superior al Juez de Distrito, con la finalidad que haga una revisión de las actuaciones”.

El amparo se interpuso con el argumento de los daños ambientales y de salud que han sufrido los habitantes de esta comunidad por el mal manejo de residuos en este basurero en operación por más de 20 años.

Hernández Medina aseguró que, desde octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Tapalpa fue notificado de la resolución y no hizo nada para concretar el cierre de este espacio, de tal manera que el Tribunal puede emitir una resolución donde dé vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se hará la valoración final sobre si se ejecutó, o no, la sentencia. Y en caso negativo, tiene facultades la Suprema Corte de Justicia para enviar una orden para que las personas ahora sí que fungen o fungieron como funcionarias de Gobierno, que tenían la obligación de ejecutar la sentencia y no lo hicieron. Si están en funciones todavía, las van a retirar del cargo y las van a consignar ante un juez federal por la comisión de un delito previsto en la Ley de Amparo”.

Según el abogado, la sanción alcanzaría a la ex presidenta municipal, Elvira Manzo, y el cabildo conformado por 10 regidoras y regidores. Aclaró que haber salido del cargo no los exime de una sanción, pues la Ley de Amparo es clara en que pueden puede haber consecuencias penales por desacato.

Recordó que la resolución también involucra al Gobierno del Estado, quien debe liberar recursos para las obras necesarias del cierre y abandono del sitio.

La comunidad de Atacco se encuentra apenas a 300 metros de este vertedero y tiene alrededor de dos mil 500 habitantes.