Guadalajara, Jalisco.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, afirmó que es ilegal haber dado un predio en Baja California Sur, con valor de 668 millones de pesos, al Ayuntamiento de Guadalajara como contraprestación por el terreno que renombraron como “Parque Resistencia Huentitán”.

Recordó que el plazo para que Operadora Salamanca S.A.P.I. de C.V. cumpliera con este requisito, a raíz de que se le vendió el predio para el desarrollo inmobiliario de Iconia, venció hace tres años y ahora corresponde al Gobierno de Guadalajara recuperarlo.

“Si un lugar fue expropiado para ser parque, ¿con qué atribuciones van a cambiarlo por otro municipio? Ah, entonces al rato van a decir la maravillosa idea que en camiones nos llevan a Baja California a conocerlo. No, no, no hay otro predio así en la ciudad, no hay otro predio que pueda darle esos beneficios medioambientales. (El alcalde interino) no lo entiende porque no vive allí, no lo entiende porque no padeció las carencias de agua estas 12 semanas. Él tenía seguramente su pipa. No. Está fuera de la ley, es un acto ilegal, fue comprado el espacio para ser parque. Ya expiró, estás obligado a recuperar”.

Frente a las declaraciones del gobernador, Enrique Alfaro, quien aseguró que el predio es propiedad privada desde hace 14 años y por eso el desalojo fue adecuado, Javier Armenta respondió que el mandatario miente, pues hay un decreto de expropiación del Congreso del Estado desde 1980 para que sea un parque municipal. Además de los incumplimientos de la empresa.

“Fue expropiado para ser parque. Efectivamente hubo un convenio que, de hecho, muy tramposamente, Alfaro en campaña nos prometió recuperar el parque a los vecinos. En 2015, 2016, enero, ya en funciones como alcalde, inicia un juicio para recuperar el predio, todos decíamos ‘bravo, excelente’, (pero) en julio de ese mismo año dejan caer intencionalmente el juicio para que caducara, y en diciembre el ahora gobernador renueva el pacto con la mafia inmobiliaria”.

Dijo que el movimiento de activistas, especialistas, vecinos y estudiantes ha demostrado con documentos que este terreno es un bien público, algo que no ha hecho ni el Ayuntamiento ni el Gobierno de Jalisco. Por eso la decisión de hacer un campamento-protesta durante 144 días.

Adelantó que irán a la justicia federal para recuperarlo, luego de que se dieron cuenta que las decisiones políticas sobre el lugar las toma el gobernador y no el presidente municipal de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí.