IEPC Jalisco analiza vías jurídicas para echar abajo Plan B de AMLO
Fotografía: Fátima Aguilar




Guadalajara, Jalisco.

Una cascada de controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es lo que se proyecta tras la aprobación de las reformas a leyes secundarias electorales, denominadas como el Plan B de AMLO, y en Jalisco su organismo local no se quedará atrás, pues analiza las vías jurídicas para ir en contra de éstas, aseguró la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez.

“Lo que nos corresponde hacer ahorita es un trabajo muy meticuloso de análisis jurídico y también administrativo para ver cómo podemos salvaguardar, no solo los derechos laborales y la estructura funcional y profesional del instituto, sino sobre todo las funciones sustantivas que se nos han encomendado. Entonces estamos en un trabajo de estudio, estamos en un trabajo de deliberación interna también para poder identificar cuál es el alcance inmediato”.

Coincidió en que se trata de una reforma que afecta a la estructura central del Instituto Nacional Electoral (INE), pero también a los organismos locales, los desarticula, desprofesionaliza y mina sus capacidades técnicas, de tal manera que se pone en riesgo la organización del próximo proceso electoral.

En el caso de los organismos locales, se les comprime a dos únicas áreas ejecutivas, una para la organización y capacitación electoral, y la otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos. Desaparece el área de participación ciudadana y prohíbe invertir para la implementación del voto electrónico.

“Y si los OPLE no contamos con estructura suficiente para hacernos cargo de las múltiples funciones de las que somos responsables, también será afectado el sistema electoral en su conjunto. El INE y los OPLE formamos parte de un sistema nacional de elecciones, en donde tenemos funciones plenas y exclusivas y otras coordinadas e interdependientes. Cualquier afectación al INE tiene un impacto en las elecciones locales que organizan los OPLE”.

El IEPC Jalisco aún revisa qué afectaciones específicas tendrán en lo inmediato, pero de entrada saben que en los transitorios se plantea adecuar los organismos locales 90 días antes del inicio del proceso electoral. Paula Ramírez anticipó que vienen para ellos muchos días de incertidumbre por lo que supondrá implementar esta reforma.

Al haber un proceso legislativo desaseado en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con una discusión insuficiente, con errores y no haber pasado la reforma constitucional original propuesta desde el Ejecutivo federal, los consejeros electorales en Jalisco consideraron que estos cambios tienen posibilidades de revertirse por la vía legal.


Fatima Aguilar