Ciudad de México, México.

Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia "el más grave retroceso en décadas" en materia de derechos humanos en América Latina, señala la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2022.

Este agravamiento se da durante la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto para la región un desafío en todos los órdenes, pero también ha significado para ciertos Gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias, señala la organización pro derechos humanos en un apartado de su reporte anual titulado "América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas".

Represión a manifestantes

Sobre Cuba, HRW expresa su preocupación por los "abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos" tras las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.

Sin garantías electorales

En el caso de Nicaragua, HRW denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre "se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas", después de que las autoridades detuvieran previamente a siete candidatos rivales del presidente y entonces aspirante a la reelección, Daniel Ortega, manteniendo a muchos de ellos "incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses".

Esta misma falta de garantías se replicó en Venezuela, donde el 21 de noviembre se llevaron a cabo unos comicios regionales en los que se impusieron los candidatos chavistas en un proceso electoral caracterizado por irregularidades que fueron denunciadas por el equipo de observadores de la Unión Europea.

Contra el orden estatal y los medios

A su vez, HRW observa que los Gobiernos de El Salvador y México están llevando a cabo arremetidas antidemocráticas constantes contra los demás poderes del Estado y contra los medios de comunicación.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en noviembre pasado un acuerdo que le da prioridad a obras que el Gobierno ha establecido como puntales en su Administración.

Esta medida, según el informe de HRW, hará que se expidan permisos para esas obras "automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos", quedando así "exentas de las reglas de transparencia" y haciendo más difícil la labor fiscalizadora de la prensa.