Guadalajara, Jalisco.

Tras las controversias interpuestas por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por el recorte de 140 millones de pesos a la Casa de Estudios para el Museo de Ciencias Ambientales, la fracción del partido político Hagamos denunció que el Congreso del Estado habría intervenido de manera irregular en las mismas.

De acuerdo con la coordinadora, Mara Robles, se percataron que el Legislativo participó en esta vía jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin pedir la autorización del Pleno.

“Y tenemos noticias en el sentido de que este Congreso podría haberse sumado a controvertir este asunto, y eso sería gravísimo porque el Congreso jamás aprobó esa decisión”.

Agregó que, de haberlo hecho, se trataría de una acción ilegal y se sienta un precedente que viola la Constitución. La fecha en que se dio la respuesta desde el Congreso fue el 25 de enero pasado, ya en la actual Legislatura.

El diputado Enrique Velázquez aseguró que el Congreso del Estado no defendió su facultad de ser el único que aprueba el Presupuesto de Egresos, pues el Ejecutivo sólo propone, así que las modificaciones de recursos para otros entes deben pasar por el aval del Legislativo.

“Hay varios que ingresan, que entran como parte, como terceros, y en este caso es el Poder Ejecutivo Federal, el de Jalisco, y también entra el Poder Legislativo, el jurídico del Poder Legislativo entra como tercero, pero sin tener un acuerdo del Pleno, sin tener una instrucción, y lo que sabemos hasta ahorita, porque no hemos podido acceder el engrose, es que el Congreso no entra a defender su facultad soberana de ser los únicos que aprueban el presupuesto”.

La diputada manifestó que pedirán toda la información sobre esta intervención del Congreso.

“Vamos a presentar en la próxima sesión una propuesta de punto de acuerdo para que el Congreso se manifieste sobre el hecho, porque no se vale tirar la piedra y esconder la mano; es decir, la anterior Legislatura se negó a hacer lo que legalmente sí podía hacer. Dando la cara y decir quiero cambiar las partidas y presentar argumentos, sino que hace una carta en un hecho inaudito pidiéndole al Ejecutivo que lo haga y, si ahora resulta que el Congreso del Estado avala esa ilegalidad, sería gravísimo”.

Mara Robles recordó que la Corte desechó la controversia interpuesta por la Universidad de Guadalajara al no ser un organismo constitucional autónomo, pero no lo que se argumenta de fondo: la violación a la autonomía universitaria. Para ello, aún sigue vigente la controversia interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y si el Ejecutivo ya movió la partida también cometería una violación a la suspensión emitida por la Corte.