Guadalajara, Jalisco.

El Gobierno municipal de Guadalajara respondió a las nuevas acusaciones de la fracción de Morena sobre el arrendamiento a sobreprecio de patrullas, y acusa que ésta usó presupuestos “inflados” con base en compras al contado para cotejarlos con la adquisición que se realizó. Los regidores de oposición respondieron asegurando que es un caso como el de “a toda máquina” solo que a nivel municipal.

Primero, mediante un comunicado, el gobierno municipal respondió en cinco puntos que “los costos unitarios presentados por Morena son 20% superiores a los obtenidos por el Gobierno de Guadalajara”.

Destacó, además, que “La fracción de Morena presenta maliciosamente cotizaciones de contado por diversos vehículos, cuando de lo que se trata es de un arrendamiento que, además de los vehículos, incluye seguros, mantenimiento preventivo y correctivo, servicio de GPS y administración de flotilla, así como el financiamiento. Es decir, durante el tiempo de vida del arrendamiento, el Gobierno de Guadalajara únicamente pagará el combustible de los vehículos que lo requieran; el resto corre a cargo de la arrendadora”.

Insistió en que el Gobierno municipal no tendrá que erogar en una sola exhibición los recursos y que el dinero forma parte del 46 por ciento de lo destinado a Seguridad Pública, tema que se privilegió pese a la reducción de 3% en el gasto de nómina.

Los regidores de Morena enviaron una contra respuesta en donde destacaron que la intención del ejercicio de cotización era demostrar que, incluso prestando vehículos de alta gama, existe un posible sobreprecio “inmoral” en la adjudicación del arrendamiento, y se mantienen las sospechas de que se gastarán más de 225 millones de pesos extras.

Insistieron en que el arrendamiento es “tramposo”, que está generando un gasto brutal e innecesario a Guadalajara, y que bien pudiera servir para combatir las causas de la desigualdad.

Concluyeron que incluso quienes apoyan el proceso se sumen a la queja ante la Contraloría Municipal para que se aclare o, en su caso, se suspenda la adjudicación, y se sancione a quienes resulten responsables del presunto daño al erario.