Guadalajara, Jalisco.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la intención del gobierno del estado de quitar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, correspondientes a las obras del Museo de Ciencias Ambientales, al admitir la controversia constitucional y conceder la suspensión a la casa de estudios.

Según los datos publicados en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, se admitió la controversia constitucional, que queda bajo el número 135/2021.

La admisión se da, según el resolutivo de la Corte, respecto al “acto, acuerdo, resolución, determinación, decreto u orden cuyo contenido, finalidad y objeto sea bloquear, transferir a terceros, negar, impedir, condicionar o proceder a la reasignación de 140 millones de pesos, con lo cual se impide la realización del depósito o transferencia de recursos a la cuenta” de la Universidad de Guadalajara, “pese a ser una cantidad aprobada, asignada y dispuesta y destinada a una obra de construcción específica y, por ende, forman parte del patrimonio de la actora”.

También se admite sobre el oficio CJ/78-09/2021, emitido el 27 de agosto de 2021, dirigido al rector general de la Universidad de Guadalajara, “del cual se advierte la negativa a entregar los recursos autorizados vía presupuesto, por haber ejercido la facultad de contención (…) la omisión de transferir y/o depositar” los recursos a la UdeG.

Aunque la Universidad de Guadalajara había incluido a diferentes autoridades estatales como demandadas, solamente se acepta al Poder Ejecutivo de Jalisco, “toda vez que se trata de autoridades subordinadas”.

La Corte concedió un plazo de 30 días hábiles al gobierno de Jalisco para que responda a la demanda y remita “copias certificadas de todas las documentales” relacionadas con el oficio del 27 de agosto.

Además, la Corte resolvió el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional, concediéndola “para el efecto de que las autoridades demandadas se abstengan de emitir cualquier acto que obstaculice, frene, impida, disponga, reencause, reasigne o reintegre” los 140 millones de pesos.

Dicha suspensión se concede, añade la resolución, “con el fin de asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés” de la Universidad de Guadalajara, “toda vez que es consecuencia directa e inmediata del acto y omisiones impugnadas”.

Esta suspensión ya surtió efectos desde que se emitió.

Solo se negó respecto a la entrega del dinero, porque la Corte considera que esa es la materia de la controversia.

Redacción: Sonia Serrano