Fotografía: Toño Campos
Guadalajara, Jalisco.

Recientemente la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado Jalisco decidió reservar la carpeta de investigación relacionada con la deuda COVID-19 que adquirió el Gobierno de Jalisco en 2020, y que asciende a los 6 mil 200 millones de pesos; sin embargo, el periodo de años determinado va en contra de La Ley de Transparencia del Estado.

En 2020 la FECC recibió dos denuncias para vigilar e investigar la deuda, pero después de dos años y sin resolución alguna, el organismo que se encarga de verificar que no haya corrupción decidió bajo el argumento de posible daño poner candado a la carpeta de investigación y ocultarla sin dar una versión pública.

El comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, Salvador Romero Espinosa argumentó que desconoce el caso debido a que aún no se le ha notificado al organismo, pero puntualizó en el periodo permitido que marca la ley en el Artículo 19. Reserva-Períodos y Extensión.

Artículo 19. Reserva- Períodos y Extinción

1. La reserva de información pública será determinada por el sujeto obligado a través del Comité de Transparencia y nunca podrá exceder de cinco años, a excepción de los casos en que se ponga en riesgo la seguridad en tanto subsista tal circunstancia, para lo cual deberá emitirse el acuerdo correspondiente.

“En cada caso concreto se tiene que justificar de acuerdo a los ligamentos por qué se reserva un año, tres o seis años. De hecho ocho años no lo permite la ley, yo creo que ahí debe de haber alguna desinformación porque el plazo máximo por el cual se puede hacer una reserva de un solo momento es de cinco años”.

En el documento la FECC detalló que la información por abuso de autoridad por siete años y seis meses, y la relacionada con el ilícito de uso ilícito de atribuciones y facultades por ocho años y nueve meses, tiempo en el que ambos delitos sean prescritos.

Recientemente se aprobó a nivel nacional la reforma a los lineamientos para que los más de ocho mil sujetos obligados en México, no reserven la información pública bajo argumentos que no son claros o que son demasiado técnicos; sin embargo, dicha ley que va entrar en vigor en 2023, no es retroactiva, informó Salvador Romero.

“No puede ser retroactiva las reservas que ya se han hecho sobre eso se van a quedar pero a partir de qué entre en vigor ya se tendrán que aplicar estos nuevos lineamientos y seguir estos nuevos pasos. Cambia el orden incluso en los pasos en cómo estaba previamente regulado la prueba de daño entonces el ordenador es más lógico y más claro para el ciudadano”.

Salvador Romero agregó que la manera en que el ITEI pueda intervenir en la determinación por parte del FECC, que esté fuera de ley, es mediante el recurso de revisión, el cual aún no llega al organismo.

María Ramírez Blanco

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