Guadalajara, Jalisco.

De las instituciones que tienen una obligación en la búsqueda de desaparecidos en Jalisco, la Fiscalía Estatal es la dependencia más señalada por familiares ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), debido a omisiones o irregularidades cometidas por sus ministerios públicos.

El coordinador del área de atención a víctimas de desaparición en este organismo, Juan Carlos Benítez Suárez aseguró que la falta de disposición por parte de estos servidores públicos para tomar en cuenta datos o elementos que aportan las víctimas o los nulos avances en sus carpetas de investigación, son dos de las mayores quejas por parte de las familias de desaparecidos, algo que la Comisión ha comprobado en sus distintas recomendaciones sobre el tema.

“Vale mencionarlo, en muchas de las investigaciones son los propios familiares los que toman la iniciativa de hacer la búsqueda de familiares y estar aportando datos a la carpeta de investigación. Es la Fiscalía, la institución que efectivamente más señalamientos por las omisiones o por la falta de actuación”.

Recuerda que las demás instituciones, como la Comisión Local de Búsqueda, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), no quedan exentas, pues la Ley Estatal de Desaparecidos las obliga a trabajar de forma coordinada.

Frente a las desapariciones masivas ocurridas en Jalisco durante las últimas semanas, Benítez Suárez advierte que esta situación agrava más el panorama en el estado, cuando ya de por sí es complejo al ocupar el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas con 12 mil 427 personas en esta situación.

“Hemos estado documentando como año con año ha ido incrementado el número de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Ahora, pues esta situación se vuelve aún más grave con la desaparición masiva, entonces definitivamente seguiremos desde la Comisión de Derechos Humanos y de las resoluciones que emitimos constantemente haciendo saber a las autoridades de la grave problemática que tenemos y de la necesidad de una atención urgente por parte de las autoridades que están involucradas en estos temas de atención a víctimas”.

La Comisión abrió por oficio una investigación en todos los casos de desapariciones masivas reportadas para conocer si la actuación de servidores públicos fue la correcta.