Gobernador mexicano usó las mismas empresas fantasma que el Cártel de Sinaloa
Fotografía: EFE/ Mario Guzmán
Ciudad de México, México.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este miércoles una orden de arresto contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción, pese a que persisten dudas sobre su desafuero.

“Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto”, confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de México.

La declaración de Monreal, coordinador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ocurre momentos después de trascender en los medios que la FGR consiguió una orden de arresto por delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito contra el mandatario estatal.

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció “el congelamiento de cuentas de la red” del gobernador, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que abarca a 12 “personas físicas y 25 jurídicas”.

La Fiscalía consiguió la orden de captura pese a que existe una controversia constitucional sobre si García Cabeza de Vaca, del derechista y opositor Partido Acción Nacional (PAN), perdió su fuero.

La Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril la solicitud de FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, pero momentos después el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador.

“El gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse ‘perseguido político’ y buscar mantener el control del Gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del secretario de Gobierno o del presidente del tribunal de justicia (de Tamaulipas)”, añadió Monreal.

Apenas el viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador.

Pero este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte “resolver con claridad” si el gobernador mantiene su inmunidad porque su declaración es “ambigua”.

“La opinión de la secretaria de Gobernación (la exministra Olga Sánchez Cordero) es de que no hay fuero, la resolución de la Corte no es clara en este caso”, argumentó López Obrador.

El caso contra el gobernador opositor genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando casi 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y mil 900 Ayuntamientos.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La FGR acusa al mandatario de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Mientras el gobernador y el PAN han denunciado una “persecución política” del presidente, el oficialismo ha acusado al mandatario de huir del país y de protegerse con los políticos de su estado.

“Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”, indicó Monreal en sus redes sociales.

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