Guadalajara, Jalisco.

Frente a una Casa Jalisco “blindada”, un grupo de feministas, acompañado por Las Paritaristas, exigió al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que retire los cargos contra las 10 mujeres que fueron detenidas el 9 de junio pasado durante la manifestación frente a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

Al grito de “¡Fuimos Todas, Alfaro!” y una lona con el mismo lema, urgieron a que esto suceda. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Al contrario, la residencia del gobernador fue rodeada con vallas metálicas.

“Exigimos que la Secretaría de Educación Jalisco retire todos los cargos hacia las compañeras, así como la cantidad de 195 mil pesos que se pide por la reparación de los daños. Exigimos un dictamen psicológico de las compañeras que garantice una reparación de los daños, que incluya seguimiento y terapia psicológica gratuita y, de ser necesario, recursos para la compra de sus medicamentos. Han marcado un precedente para la lucha feminista en Guadalajara, sus autoridades, sus instituciones, su personal capacitado en perspectiva de género, son sólo un adorno”, señaló una de las voceras del Frente Feminista Jalisco.

En la protesta del 9 de junio, las mujeres reclamaron los nulos avances en la investigación interna de la SEJ contra docentes y en la Fiscalía Estatal por el caso de menores abusadas sexualmente en la Escuela Primaria Marco Antonio Montes de Oca en Zapopan. Ese día, 10 de ellas fueron detenidas por el Grupo Ateneas de la Secretaría de Seguridad. Después, siete de ellas fueron vinculadas a proceso por pandillerismo y daño en las cosas.

Evidenciaron que durante la detención hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las policías estatales y violación de protocolos, y después violencia psicológica y amenazas de muerte. Hubo respuesta desde las feministas al gobernador por sus declaraciones, pues éste expuso en días pasados que esa manifestación representó “actos de violencia”.

“No es violencia. Violencia es la que sufren las mujeres víctimas de feminicidio, las mujeres violadas, las niñas y niños abusados en las escuelas de educación pública y privada, violencia es denunciar y ser nuevamente víctima de las instituciones que deberían de protegernos, violencia es la impunidad que impera en estos delitos. Exigimos que enfoquen su atención en lo realmente alarmante: las carpetas de investigación estancadas por los casos de acoso y abuso sexual a niñas y niños dentro de sus instituciones educativas”.

Desde la colectiva Maroma también exigieron atender la red de explotación sexual infantil y pornografía denunciada en el informe “Es un secreto”, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).