Guadalajara, Jalisco.

El feminicidio de Margarita ocurrido en 2017 en Tonalá sigue impune aunque el asesino, su esposo, continúa preso. La impunidad en este caso radica en el actuar de la Fiscalía de Jalisco que ignoró las denuncias de Margarita y le negó órdenes de protección desde 2014 cuando comenzó la violencia en su contra.

La Fiscalía ahora se niega a pagar la indemnización dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa que determinó en agosto del año pasado su responsabilidad en el feminicidio de la mujer de 24 años que dejó a dos pequeños hijos huérfanos. Al respecto detalla el abogado de la familia de la víctima, Cristian Adrián Frías.

"Todas las denuncias de Margarita nunca fueron atendidas de manera adecuada, qué quiere decir esto, no se le brindaron las medidas cautelares necesarias para protegerla como víctima, todas ellas quedaron únicamente en el ordenamiento, es decir, plasmadas en un papel donde se ordenaban pero jamás se giraron oficios, jamás hubo intervención de la policía, jamás hubo las debidas investigaciones, de ahí que su agresor, Sabino, en aquel entonces su esposo, nunca tuvo el peso de la ley".

Ante estas sistemáticas omisiones, el Tribunal de Justicia Administrativa falló en favor de la familia de Margarita en un acto que sienta un precedente para la impartición de justicia en casos de violencia contra las mujeres.

"Este asunto es el primer asunto de un feminicidio en donde el Tribunal de Justicia Administrativa considera que es responsable la Fiscalía Estatal por no haber acatado este tipo de situaciones, los días escuchamos feminicidios pero pocas veces se observa que hay una autoridad que fue cómplice en estas omisiones", indicó Cristian Adrián Frías. 

Sin embargo, y pese a ya tener dictada la sentencia, la Fiscalía nuevamente omitió el pago de la indemnización al argumentar que el recurso se había movido por órdenes del Gobierno de Jalisco para la compra de vacunas contra covid-19. Por eso la defensa de la familia de Margarita ya presentó una denuncia en contra del director general jurídico de la Fiscalía y está por interponer un juicio político en contra de la Fiscalía y Hacienda Pública por no cumplir con el convenio del pago de la indemnización.