Guadalajara, Jalisco.

Con 20 demandas civiles y otras administrativas, el colectivo Luz de Esperanza buscará que el OPD C5 estatal, así como diversos ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara, comiencen por indemnizar a las familias de desaparecidos por un monto de 180 millones de pesos. Además, que se sancione a la comisionada estatal de búsqueda, Francelia Hernández.

Su fundador, Héctor Flores manifestó que la indemnización se exige por las fallas en las investigaciones de personas desaparecidas, las deficiencias en el sistema de las cámaras de video vigilancia que les impiden llegar a la verdad y la urgencia de que se repare el daño a las víctimas.

Fotografía: Fátima Aguilar

“En el caso de mi hijo hay cámaras de C5 que toman, la primera cámara es desde donde salen ya con mi hijo y otras dos personas, hay un seguimiento hasta Patria y Avenida Vallarta, y ahí en todos los sentidos ya no hay grabaciones en ningún sentido, ni para Periférico, ni para Andares ni para Guadalupe, ninguna cámara sirve, entonces en sentido va la responsabilidad patrimonial. (Somos) alrededor de 20 personas, esperamos que se sumen más, cada demanda es de 4.5 millones, serían nueve millones por persona”.

Las familias argumentaron que los ayuntamientos también tienen responsabilidad porque sus sistemas de videovigilancia no se han modernizado, como es el caso de Tonalá y Tlaquepaque, donde ya se presentaron iniciativas en el cabildo para que evolucionen de C2 a C5.

A esto se suma la queja administrativa presentada contra la comisionada de búsqueda ante la Contraloría del Estado, porque no reporta en tiempo y forma las denuncias por desapariciones a la plataforma nacional. Respecto al retiro de fichas de búsqueda por parte de policías estatales, Héctor Flores manifestó que están por acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y exigen iniciar acciones legales contra quien sea el responsable.

Fotografía: Fátima Aguilar

“Es insultante, indignante, pero es la manera en que el Gobierno del Estado de Jalisco le da frente a los problemas sociales; en todas las materias es el mismo trato: revictimizante, en lugar de ponerse a trabajar, en lugar de preocuparse por las víctimas, buscan la manera de atacar y de intimidar”.

Exigieron que los presidentes municipales de Chapala, El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, y Zapopan informen sobre el cumplimiento de recomendaciones, donde se sugiere incluir a las familias y a las víctimas directas en los registros estatal y nacional en la materia para que accedan a los apoyos existentes.

Esperaban la atención del secretario general, Enrique Ibarra o el subsecretario, Salvador De La Cruz, pero otra vez no fue así, como sucede desde hace 15 días, según Héctor Flores.