Fotografía: Jade Ramírez
Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no tiene funciones ni estructura claras porque no es una institución descentralizada; su titular es el secretario General de Gobierno, y tiene una secretario técnico sin responsabilidades bien establecidas, lo cual dificulta los procesos para las víctimas.

Por eso, debe ser uno de las prioridades a abordar en la discusión de la Ley de Atención a Víctimas por parte de las y los diputados locales, aseguró la co directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Anna Karolina Chimiak.

A eso se suma, que los recursos asignados al fondo de ayuda para la atención a víctimas tienen subejercicios importantes cada año debido a los procesos burocráticos y tan complejos para acceder a los apoyos económicos.

“Actualmente el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral es una partida presupuestal, no es un fideicomiso, y por eso, año tras año, de ese fondo que normalmente oscilaba en alrededor de 26 millones de pesos, una gran parte de los recursos por ley se tenían que devolver. Si fuera fideicomiso se pudieran acumular estos recursos y ser más beneficiadas las víctimas, pero actualmente cada año, la Comisión de Atención a Víctimas está regresando millones de pesos por no otorgar los apoyos a las víctimas y no gastar ese recurso del fondo”.

La coordinación con otras instituciones de búsqueda a nivel estatal y con los municipios para descentralizar los servicios de la CEEAV, los mecanismos de participación de las víctimas, la rendición de cuentas, la evaluación de su funcionamiento e incluso la difusión de sus servicios, son otros puntos que los diputados deben tomar en cuenta durante la elaboración de esta ley.

“La mayoría de las víctimas desconoce pues la existencia de esa institución, qué derechos tienen, cómo pueden acceder a estos servicios, y pues no ha habido ese seguimiento. Incluso, organizaciones de la sociedad civil han tenido que generar estas labores para las víctimas tengan claridad cuáles son sus derechos y las atribuciones y las obligaciones que deben cumplir las autoridades responsables”.

Este jueves, varias organizaciones y colectivos se reunieron con la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Hortensia Noroña, quien dijo que convocará a mesas de trabajo a fin de comenzar con el análisis y tener la legislación en el primer semestre de este año.

Anna remarcó que independiente a si es una subcomisión o la propia comisión la que sigue este proceso exigen compromiso de las y los legisladores, pero además incluir a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos en el debate, pues no sólo está relacionada con las desapariciones.

“La subcomisión ha tenido algunos puntos a favor, como asumir la responsabilidad muy específica por parte de las diputadas que formaban parte, se realizaban dos sesiones a la semana, fue un proceso intenso, fue un proceso bastante desgastante, entonces, claramente considerando que las y los diputados están con varios pendientes durante sus actividades, esa asignación de las responsabilidades y ese compromiso, por ejemplo, desde la subcomisión podría abonar a que ese proceso realmente sea priorizado y reforzada la participación activa de las víctimas”.

Fatima Aguilar

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