México.

Las fuerzas armadas de México ocultan deliberadamente información sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, denunció este viernes un grupo de expertos internacionales que apoya el esclarecimiento del caso y que dijo tener documentos que lo sustentan.

"Hemos visto documentos, tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, de dar una respuesta de que no hay información", dijo en rueda de prensa Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, a cargo del llamado caso Ayotzinapa.

"Eso para nosotros no es aceptable", añadió el especialista del grupo, que ya había denunciado en septiembre pasado la negativa del Ejército a brindar información sobre el crimen, ocurrido en el sureño estado de Guerrero, y que involucra a oficiales y soldados.

Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.

Beristain detalló que un documento del Estado Mayor de la secretaría de Defensa mexicana, al que accedieron los investigadores, revela que la instrucción es "dar una respuesta acordada entre diferentes sectores de la institución".

"Estamos pidiendo (...) una respuesta de cuál es la verdad sobre las cosas, no cuál es una 'respuesta acordada' sobre lo que se va a decir", afirmó.

Agregó que cuentan con testigos de que documentos de inteligencia fueron trasladados a otros lugares con el fin de ocultarlos, una situación que han informado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario "ha solicitado de manera directa [que] se informe a este respecto", señaló, por su parte, la abogada colombiana Ángela Buitrago.

El GIEI fue creado por un acuerdo entre México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Capturas pendientes 

Buitrago adelantó que las fuerzas armadas ya respondieron a la solicitud de López Obrador, quien recibirá a los comisionados la próxima semana para evaluar dicha posición.

También informó que el GIEI ha "reconducido" elementos para que la fiscalía mexicana pueda "reactivar" órdenes de captura contra una veintena de militares implicados en el crimen, las cuales fueron canceladas en septiembre pasado.

La abogada advirtió, no obstante, que del pedido de detención original, lanzado en agosto contra 83 sospechosos -incluyendo funcionarios y jueces-, varios siguen pendientes, en particular los de servidores públicos en funciones.

Autoridades mexicanas anunciaron la semana pasada el arresto de nueve policías de Guerrero sospechosos de participar en la desaparición, mientras Estados Unidos deportó en enero a un expolicía igualmente involucrado.

Tomás Zerón, un exjefe policial buscado también por la desaparición, se halla oculto en Israel, por lo que la persona de más alto perfil aprehendida hasta ahora es el exfiscal Jesús Murillo Karam, responsable de la narrativa original que excluyó la responsabilidad de militares.

Los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época.

Pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes -en complicidad con policías y militares- buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que éstos supieran de su existencia.

Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.