Fotografía: UdeG.
Guadalajara, Jalisco.

Que el Congreso de Jalisco inicie un juicio para desaforar al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, que la Fiscalía abra un proceso penal en su contra, que la Universidad de Guadalajara (UdeG) implemente protocolos para garantizar que no haya más actos de abuso contra universitarias y que la Secretaría de Igualdad Sustantiva cobije a la víctima y a su familia.

Esas son las peticiones que hace el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) tras el señalamiento que se hizo en contra del magistrado, quien también es docente de la UdeG, respecto a un caso de abuso a una menor de 15 años, y cuya familia denunció públicamente en días recientes.

El Comité externó su indignación tras el hecho y calificó a Covarrubias Dueñas como un “depredador sexual” que ha sido señalado en múltiples ocasiones y desde hace años.

Afirmó que “hace más de 15 años acompañamos el caso de una alumna de este sujeto que lo denunció por acoso sexual y tocamientos. Fue necesario que la víctima dirigiera una carta al entonces Presidente de la República, Vicente Fox, para que éste enviara un oficio a la Universidad solicitando que investigara el caso. Ni así se logró la investigación”.

Lamentó que:

la impunidad estructural y sistemática dentro de la Universidad de Guadalajara y el sistema de impartición de justicia local ha cobijado el actuar de este tipo, quien fue premiado con una magistratura a pesar de las múltiples denuncias en su contra”.

Cladem añadió que las víctimas “se cuentan por decenas” y que nunca se ha abierto un procedimiento en su contra porque “la impunidad y la protección patriarcal han acompañado a este depredador sexual a lo largo de su vida como académico, funcionario y ahora en el máximo tribunal de Justicia de nuestro Estado”.

Destacó, además, que la violencia no únicamente recae en el señalado, sino en todo el sistema institucional que “ha impedido que las numerosas denuncias penales en su contra prosperen y que ha logrado que los numerosos procedimientos en su contra en la Universidad, hubiesen encontrado en el silencio cómplice de sus colegas la impunidad necesaria para que ninguna de las denuncias le diera un castigo”.

Aunado a ello, el Comité exigió a la Fiscalía Estatal que gire de inmediato una orden de protección para la víctima y su familia y que reciba acompañamiento psicológico y jurídico por parte del Gobierno de Jalisco.

Recientemente, el magistrado solicitó una licencia por cinco días con goce de sueldo, la cual fue aprobada por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, incluso después de que el señalamiento en su contra se hiciera público.

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