Fotografía: EFE/Luis Torres
Guadalajara, Jalisco. 

La reforma constitucional para alargar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 no genera posibilidades de fortalecer las policías civiles, pues el envío de elementos federales a los Estados les cuesta a estos y a municipios.

Se trata de un recurso que dejan de asignar para fortalecer las corporaciones locales, advirtió Victoria Unzueta, especialista en Seguridad Pública y Fuerzas Armadas.

Tras impartir una conferencia en Guadalajara sobre la militarización en México, junto con otros expertos, compartió que si bien la Federación paga los sueldos de sus elementos, no cumple con su aportación para fortalecer a las policías locales y eso no se vislumbra que suceda en 2028, si se suma que los otros dos niveles de gobierno a su vez subcontratan a la Guardia Nacional a través de convenios.

 “Hay convenios por los cuales se pagan a la Guardia Nacional y el Ejército las actividades de seguridad pública en cada uno de los estados y municipios / Es un contrato de prestación de servicios, dependiendo del tipo de convenio que tengan. No es gratis, los militares cobran todo”, comenta Unzueta .

Se conoce que en los últimos 10 años el Ejército ha cobrado alrededor de 738 mil millones de pesos a estados y municipios por este concepto, aunque no es posible conocer a detalle sobre cuánto se ha destinado a cada uno, porque dichos convenios son reservados.

Durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Administración Centralizada, el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, informó que se entregaron terrenos para la construcción de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en eso, así como en seguros de vida para elementos caídos en servicio y otros rubros, el Estado ha destinado 77 millones de pesos.

La experta añadió que hasta 2018, cuando desaparecieron los fondos federales del Subsemun y Fortaseg, las policías locales recibían cuatro mil millones de pesos, pero hoy solo les asigna una cuarta parte, mil millones. En ese contexto, no hay manera de cumplir con su profesionalización en 2028 y solo es una estrategia del Gobierno federal para que los militares sigan en las calles.

Alán García, integrante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, dijo que mantienen una postura crítica y en contra del proceso de la militarización de la seguridad pública en el país porque a 16 años de instaurarse ha acreditado ser una estrategia fallida, que ha disparado la violencia y las violaciones a derechos humanos.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, adelantó que continúan con los recursos jurídicos para revertir la reforma que cede las funciones de la Guardia Nacional a la Sedena, entre ellos, un amparo que se concedió de manera provisional el lunes pasado, pero aún falta la resolución de fondo. También está pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva una acción de inconstitucionalidad.

Desde esta organización, ven que los gobernadores evaden sus responsabilidades en materia de seguridad, entre ellos, el de Jalisco.

 “Los gobernadores son también muy cínicos, como ya todo lo tienen los militares, pues que los militares se hagan bolas, a ver si es cierto que van a solucionar algo, porque la principal responsabilidad de un gobernador y de un presidente municipal es salvaguardar la vida de los ciudadanos que viven su Estado y en sus municipios. Claro, y en este caso están la mayoría de los gobernadores, Yo te diría que Coahuila no, Coahuila sí se ha hecho cargo de la seguridad de su gente, la Ciudad de México con García también se ha hecho cargo de la seguridad de su gente, pero hay muchos estados, donde no se hacen cargo, yo por ejemplo aquí, no he visto policías en patrullas”, señala María Elena Morera, presidenta de Causa en Común .

Fatima Aguilar

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