Estado mexicano no se investiga en asesinatos de periodistas y defensores
Fotografía: EFE/Sáshenka Gutiérrez




Ciudad de México, México.

En los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, el Estado Mexicano no se está investigando a sí mismo, luego de que los perpetradores en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio Estado, dijo este miércoles la organización Artículo 19.

"La mayor amenaza contra la prensa en México, actualmente, es el Estado", señaló Ana Cristina Ruelas, directora de la organización en México.

"El nivel de impunidad del total de los delitos en México es del 98 % pero en los casos de periodistas sobrepasa el 99 % y esto tiene que ver con que la mayoría de los perpetradores son (parte) del propio Estado, entonces, el Estado mexicano no se esta investigando a sí mismo", añadió.

Ruelas dijo que en la medida que el silencio deje de ser rentable para el poder dejará de haber impunidad "al final cuando se mata a un periodista se comete un doble asesinato, se mata por un lado la verdad que estaba buscando y se mata 'su' verdad, la verdad de la muerte del periodista".

En tanto, el encargado de Negocios y jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en México,Jean-Pierre Bou, dijo que la lucha contra la impunidad es importante para su organización.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tan solo durante 2019 en México fueron asesinados 19 personas defensoras de derechos humanos y 11 periodistas.

El representante de la UE dijo que los asesinatos de periodistas y defensores de Derechos Humanos en México, son un problema a "gran escala" y aunque las autoridades intenta responder a los retos, el problemas está por todo el país.

Ambos representantes presentaron un proyecto para la creación de una política integral que incluya la prevención, protección, procuración de justicia y reparación integral del daño de casos de agresiones cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.

El proyecto tendrá una duración de 36 meses y una aportación de 800 mil euros (unos 880 mil dólares) de la Unión Europea, correspondiente al 92 % de la aportación total del proyecto.