Guadalajara, Jalisco. 

A partir del 11 de enero entraron en vigor las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo que regulan el empleo en casa, que se incrementó sustancialmente a partir de la pandemia. De acuerdo con la diputada federal Mónica Almeida López, estas nuevas disposiciones ya están vigentes y por lo tanto, los empleados y empleadores ya están en condición de acordar el monto adicional o en especie que se retribuirá por laborar a distancia.

Las reformas suponen la incorporación de un nuevo capítulo en la ley en donde se especifica que ahora los trabajadores que migren al trabajo desde casa deben tener cubierto por parte de la empresa el pago del internet, lo proporcional a la energía eléctrica que demande su labor, así como equipo necesario para desempeñarse, desde un escritorio hasta una computadora.

"Es una ventaja tanto el empleado como para la empresa porque la empresa está ahorrando aproximadamente 18 % en gastos operativos que pueden ser trasladados al apoyo de pago de luz, teléfono, reintegrar en proporción también en proporción al trabajo y gasto de energía porque hay algunos equipos tecnológicos más caros que otros".

Otro de los aspectos novedosos de las nuevas reformas de ley tienen que ver con el denominado derecho a la desconexión, es decir, que se establezcan horarios de trabajo para no abusar de la presencia en casa y cargar de actividades a los empleados con el argumento de que están disponibles.

"Esta ley también establece el derecho a la desconexión laboral, tener los horarios muy claros, definidos, para que no se excedan, también los empleados pueden pedir adecuación de su espacio físico en casa, hasta un escritorio, algún equipo de cómputo, el pago del internet, te tienen que establecer las condiciones laborales que se requieren de acuerdo al trabajo, los productos esperados de cada empleado, tiempos de entrega".

Aunque esta ley ya está vigente, la diputada reconoció que aún necesita socializarse debido a que no tiene registros de empresas que ya estén haciendo válido el nuevo marco legal que se traduce en pagos proporcionales de luz, internet, telefonía, entre otros servicios que ya no están saliendo directamente de los centros de trabajo.