Guadalajara, Jalisco.

Erráticas, falsas y muy graves, así son las declaraciones que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sobre desaparecidos durante su Cuarto Informe de Gobierno, sentenció el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Perso

nas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Denisse Ayala, integrante del mismo, consideró que la aseveración desde el Ejecutivo sobre que 9 de cada 10 desapariciones son ausencias voluntarias, representa una afrenta para los colectivos, las víctimas y a la sociedad jalisciense en general.

 “No puedes, por ejemplo, hacer una lectura, donde declaras algo tan grave, como decir que nueve de cada 10 personas desaparecidas lo hacen por voluntad propia. Eso no es cierto. No puedes rendir tampoco un informe que distorsione la información para buscar oscurecer la comprensión del problema. Creemos, además, que dicho informe lo que merece es una disculpa pública a las víctimas y a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general, porque, insisto, no reconoce el trabajo de los colectivos, no los toma en cuenta, no los cita, no hay trabajo que los incorpore y los tome en cuenta”, señala Ayala.

La académica le recordó al gobernador que durante su informe hay datos alterados o puestos a modo para impedir comprender la gravedad de esta conducta criminal.

Se le olvidó decir que el propio Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, dependiente de su gobierno, muestra que este año se concentran dos mil 113 denuncias por desaparición. Tampoco habla que faltan por localizar 13 mil 771 personas.

“Otra cosa de la que no nos habla el gobernador, es que en su periodo de gobierno, el 54 por ciento de esos 13 mil 771, el 54 por ciento, se han acumulado dentro de su mandato, entonces, si no interviene en estos términos, con estos datos, con esta panorámica, si no hay una solvencia de información que permita comprender el fenómeno, lo que hace con sus intervenciones, es confundir más”, define.

El discurso es triunfalista para este Comité. No informa que solo 2 por ciento de las carpetas de investigación por desaparición se judicializan y mucho menos la mínima cantidad de sentencias existentes por este delito, 12 actualmente. De las mil 872 personas que presumió localizadas, evitó mencionar cuantas se hallaron sin vida.

“Y esto lo que refleja es que las búsquedas son tardías, son precarias, son ineficientes y sobre todo, se adjudica un trabajo que a todas luces, por el trabajo que hacen ustedes, podemos saber que se les debe a los colectivos, los cuales por cierto, no menciona ni una palabra”, reclama.

Finalmente, dijo que con estas declaraciones ven cada vez más lejana la solución a esta crisis de desaparecidos desde el gobierno, porque queda a deber una propuesta consistente de acciones congruentes con la magnitud de este delito y muestra voluntad política para contener o garantizar que no se va a repetir este crimen atroz y de lesa humanidad.