Guadalajara, Jalisco.

Aunque la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los diputados locales emitir una sanción contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por haber promocionado programas de Gobierno en sus redes sociales durante la consulta popular sobre el pacto fiscal, éstos decidieron minimizarlo a un exhorto para que se conduzca dentro del marco legal durante estos ejercicios.

Con el voto en contra de Morena, Hagamos y Futuro, así como el aval de Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI, el Legislativo decidió que fuera de esta manera.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, dijo desconocer el dictamen porque no se le hizo llegar con tiempo, pero de entrada observó que no se dio cumplimiento a lo que ordenaba el Tribunal.

“Yo anuncié mi voto en contra más bien por el tema del procedimiento. Yo pensé que lo iban a amonestar, que es la mínima que puede hacer, pero inventar este tipo de sanciones para que no se vaya a enojar el Ejecutivo. Ta bien, órale: el Tribunal no lo va a regresar. ‘Yo te ordené sancionarlo, no regañarlo’, o decirle: pórtese bien, ¿no? Estese quieto”.

Consideró que debió ser por lo menos una amonestación para que quedara el antecedente.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, justificó que no se contemplan sanciones porque no hay reglas para este tipo de ejercicio en la ley.

“Nosotros analizamos las circunstancias del planteamiento que nos hace el Tribunal, no encontramos un catálogo que para en este tema en específico planteara una sanción. Las sanciones que plantea la propia Constitución tienen que ver con las elecciones, pero nunca en un tema de consulta pública, que es una figura nueva que se está instalando en la esfera federal y también ya sucedió en la estatal”.

Incluso, manifestó que al Tribunal le faltó revisar la ley para darse cuenta que no hay nada estipulado cuando es una consulta popular y que, en todo caso, los diputados deberían revisar para hacer reformas.

La diputada de Morena, María Padilla Romo, coincidió en que el dictamen les fue entregado 30 minutos antes de la sesión, cuando la notificación del Tribunal llegó desde enero. Para ella, sí había manera de sancionar al gobernador

“Si bien es ambiguo el tema de las sanciones, lo cierto es que en la Ley de Responsabilidades prevé sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación, por supuesto. Pues por lo menos la amonestación hubiera sido alto decente para que este Congreso no se viera tan sometido tan falto de autonomía”.

Citó el Artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas para argumentar que sí era posible usarla para cumplir lo que mandata el Tribunal.

La queja contra el gobernador fue interpuesta precisamente por Morena el año pasado. En un primer momento, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) decidió ordenarle que bajara las publicaciones y luego el Tribunal envió esta petición a los diputados.