Fotografía: Fátima Aguilar
Guadalajara, Jalisco.

Con el voto a favor de Movimiento Ciudadano (MC) y el PAN, la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado decidió retrasar un juicio político interpuesto en contra del secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco, debido a que han incumplido con la reparación del daño por 12.3 millones de pesos a la familia de un taxista, tras su asesinato y el robo de su vehículo por parte de un elemento de esta corporación.

El dictamen iba a ser enviado al pleno del Congreso para que se avalara el inicio del procedimiento de juicio político contra el secretario. La presidenta de esta Comisión, María Esther López Chávez, consideró que estas bancadas, en alianza, lo protegen al pedir que se retrase.

“Mi propuesta fue incoarlo; es decir, yo termino el estudio de las pruebas, de los elementos, se supone y se presupone que hay elementos suficientes para que, a consideración del pleno, resuelva una propuesta. Entonces, ellos lo retiraron, ya no le dieron oportunidad al ciudadano de que suba al pleno su tema, sin determinar inocentes ni culpables, sin determinar todavía sanciones, porque es un desahogo procesal en el pleno”.

La razón de los diputados de MC y el PAN para solicitar que no se votara fue porque el funcionario interpuso un amparo, argumentando que no estaba en el cargo y el elemento correspondía a la Fuerza Única, que ya no existe. Y bajo ese argumento es que deben esperar a que se resuelva ese recurso jurídico.

Sin embargo, la legisladora aclaró que no es necesario esperar a esa resolución, pues ésta no se contrapone contra los actos que determine el Congreso del Estado.

“¿Dónde dice en la Ley de Responsabilidades Públicas que nosotros tenemos que esperar resoluciones de otras materias para poder resolver la separación de los servidores públicos de sus cargos o en su caso inhabilitarlos? Entonces somos una instancia de obediencia, se convierte en una comisión de adorno y de un riesgo inminente de que sean por decisiones políticas y no de derecho”.

Los hechos por los que está denunciado el secretario sucedieron en julio de 2015.

Fatima Aguilar

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