Guadalajara, Jalisco.

Con la advertencia de que nuevamente se trata de una reforma inconstitucional, los diputados de Movimiento Ciudadano y el PAN aprobaron las observaciones y los cambios propuestos por el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, con los que da facultades al Congreso del Estado de destituir a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS).

Los mismos surgieron tras el veto del Ejecutivo a la primera reforma, donde se estipulaba recortarles el sueldo. En la propuesta del gobernador se establece que los diputados tendrán la facultad de removerlos en caso de que durante el tiempo en su cargo desempeñen otro empleo que sea incompatible o cause un conflicto de intereses.

La oposición advirtió que estos cambios terminarán por judicializarse. Es la voz del diputado Enrique Velázquez.

“Y les digo una vez más, lo que están haciendo, ya se los dije una vez, y tuve que subir a tribuna para decir: ‘se los dije’. Ya pasó una vez. Si vuelven a aprobar lo que viene en el artículo 16 de esta manera, va a ser inconstitucional y va a volver a haber observaciones, y si no hay observaciones va a venir una controversia que nos va a decir que este Congreso la volvió a regar”.

En el artículo 16 de esta reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado se establece el impedimento para trabajar en otro sitio que implique un conflicto de interés, aunque definir eso queda a criterio de los diputados.

La diputada Mara Robles enfatizó en que esta reforma debilita al Sistema Anticorrupción y la iniciativa del gobernador es un “atropello” porque no sólo observa, también propone y fija reglas para la posible remoción de los integrantes del CPS por causales como la falta de probidad, negligencia, indebido ejercicio de atribuciones o cuando desempeñen otro cargo.

Lo más preocupante es que establece un procedimiento exclusivo para juzgar a sus miembros.

“Es gravísimo. Ahora vamos instaurar un juicio que no existe en la ley, no solamente estar sobrevigilados, sino que ahora se les pretende poner en el banquillo de los acusados. Ante esta situación sostenemos lo siguiente: compartimos el criterio de la propia Suprema Corte de Justicia y que, además, avala el gobernador, de que quienes integran el CPS deben tener una remuneración justa”.

Descartó que la actividad académica sea incompatible con este cargo.

Finalmente, el panista Jesús Hurtado, quien propuso inicialmente retirarles el sueldo, defendió su propuesta y coincidió con la del gobernador.