revocación de mandato del presidente
Fotografía: EFE/Cámara de Diputados
Guadalajara, Jalisco.

Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Ley General de Salud sobre la Objeción de Conciencia, ahora la Cámara de Diputados tienen que corregirlo.

Para eso, los legisladores de la Comisión de Salud convocaron a unos 50 especialistas para abordar el tema en un Parlamento Abierto en materia de Objeción de conciencia este miércoles.

Los ministros de la corte declararon inválido el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud porque no establecía de manera clara los alcances y límites para la Objeción de Conciencia en el área médica. Por eso los diputados tienen que volver a discutirlo.

La diputada del Partido Acción Nacional, Martha Estela Romo, dijo que la propuesta es añadir que al objetor no se le discrimine laboralmente. Citó el ejemplo de Reino Unido, donde muchas personas no pueden concluir su preparación por no realizar abortos.

Por otra parte, la legisladora del Partido del Trabajo, Margarita García García, mencionó que en materia de salud sexual, control de natalidad y aborto hay médicos que han tomado decisiones en lugar de los pacientes, por ejemplo, lo que ha sucedido en zonas rurales donde han operado a mujeres para tener control natal sin su consentimiento.

Ella lo vivió de manera personal porque aun sin su consentimiento le querían colocar un dispositivo intrauterino por decisión de los especialistas.

Además, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski Woldenberg, expuso que legislar sobre la objeción de conciencia es de vida o muerte.

Por ejemplo, un paciente que pudiera salvar su vida porque hay una persona que tiene muerte encefálica, pero el cirujano de su localidad no la quiere reconocer y eso impediría extraer un órgano.

Por eso es necesario proteger el derecho de las personas que no cuentan con recursos para pagar a una persona no objetora.

El hecho de que casi el 45% de los médicos están en los cinco estados más ricos del país implica que en las comunidades rurales no puedan darse el lujo de aceptar la objeción de conciencia sin restricciones.

Elizabeth Ortiz

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