Guadalajara, Jalisco.

Él es Francisco Javier Medina Velázquez. Laboró en la Policía de Guadalajara en el área de mantenimiento. Tuvo un accidente de trabajo en 1999: un portón le cayó encima y le dejó lesiones en su espalda y cuello, mismas que lo incapacitaron de por vida, por lo que se ayuda de un bastón para caminar.

Continuó trabajando con intermitencia hasta 2004, cuando dejó de pagar su crédito hipotecario en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) porque lo dieron de baja.

“En contra del Ayuntamiento de Guadalajara y de Pensiones salió una resolución el año pasado, el mes de junio-julio, en el que me dieron por completo en la torre: el Tribunal de Arbitraje y Escalafón había condenado a Pensiones a que me tenía que otorgar a que me diera mi pensión por riesgo de trabajo al 100%. En otras cosas, absolvió y, legalmente a Pensiones, y el Ayuntamiento condenó a hacerme ciertos pagos, pero nunca los condenaron a que me siguieran pagando mi salario”.

Con la ayuda de una abogada, quien no le cobra por sus honorarios debido a que no puede pagarlos, continuó un litigio en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón reclamando sueldos caídos, y aún con un dictamen del Instituto de Pensiones en el que se acredita su incapacidad total y permanente, no le han otorgado su pensión desde 2016.

Pero no sólo eso. Dado que este organismo le reclama la vivienda que adquirió como trabajador con un crédito otorgado por el Ipejal, puede perderla. Él asegura que han existido diversas anomalías.

“Le dicen que yo nunca presenté un peritaje médico. Platicando yo con mi abogada le digo: ¿Yo por qué tenía que presentar un peritaje? Yo no estoy en contra del dictamen de Pensiones y no es uno, son dos, si Pensiones me declaró la invalidez, yo no estaba en contra del dictamen de pensiones porque tenía que presentar un peritaje. Se cometieron tantas anomalías y resulta que quien me hace el peritaje, ir a la Jefa de Medicina de Trabajo de Pensiones, ella había firmado los dictámenes donde me declaraban la incapacidad total permanente, dando su incapacidad de que yo estaba en esa condición”.

Su caso es ya conocido por el Ayuntamiento de Guadalajara, pero también lo tiene detenido. Él señala que “se pasan la bolita” con el Ipejal.

“En la demanda que interpuso mi abogada en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ella manifestó ciertas jurisprudencias que dicen que uno presenta un peritaje cuando el afectado no está de acuerdo con el dictamen, pero nunca refuté esos peritajes que me hizo Pensiones, fueron sus médicos. Así lo establece su ley, ellos me dictaminaron la invalidez para poder pensionarme, para poder decretar la liberación de los créditos hipotecarios y el tribunal colegiado dijo: adiós, no presentaste”.

Ante la incapacidad de resolver las instancias involucradas como el Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de Pensiones del Estado, su caso ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando que esta instancia le otorgue la razón de la injusticia señala se le han cometido.