Guadalajara, Jalisco.

En todo México hay 92 mil detenidos con prisión preventiva oficiosa, de los que el 40 % no tienen aún una sentencia, en una violación total de sus derechos personales y en una acción contradictoria a los tratados internacionales.

Así lo advierten especialistas que debatirán este tema en la conferencia “La prisión preventiva: una lectura desde el control de la constitucionalidad y convencionalidad”, a realizarse la tarde de este martes en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

El Jefe del Departamento de Derecho Público, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), maestro Alfonso Partida Caballero, expresa al respecto que esto representa que 4 de cada 10 personas con prisión preventiva, están presos sin condena:

“Las consecuencias de esta mala legislación tiene al 40% de los detenidos sin sentencia que son por supuesto mujeres jóvenes y pobres este análisis se debe desarrollar en dos pistas la primera es si la Corte tiene competencia para revisar la Constitución y hasta donde la corte puede modificar el contenido constitucional”

Y mientras esto se debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pareciera que el tema ha quedado en el limbo, nos queda claro que la prisión preventiva oficiosa es una restricción originada desde la Carta Magna.

Así lo considera el Expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibriá, quien sostiene que contraviene sistemáticamente ordenamientos legales de índole internacional:

“El tema de la prisión preventiva debe de analizarse como una restricción de derechos que está consagrada en la Constitución como muchas otras más restricciones en derecho de derecho que están en la Constitución y que contraviene tratados internacionales de derechos humanos la prisión preventiva de manera oficiosa y como está redactada en nuestra Constitución contra bienes sin duda principalmente artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha recomendado ya al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 19 y 167 del Código de Procedimientos Penales.

Pero será la Corte o incluso el Congreso de la Unión, los que en el futuro tendrán la palabra final al respecto.