Guadalajara, Jalisco. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es un refugio para priistas.

Jesús Armando Chávez Mora, por ejemplo, formó parte del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, y luego fue candidato a consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bueno, con ese perfil, fue contratado en octubre del año pasado en el organismo que defiende los derechos humanos.

¿Otros ejemplos?

Está el caso de la ex diputada federal, también del tricolor, Lucía Reynoso Castellanos, o el actual coordinador de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI Jalisco, Samuel Iván Torres Cárdenas.

Pero eso no es todo. Otra buena carta de presentación para trabajar en Derechos Humanos Jalisco es haber colaborado con el actual gobernador.

Luis Alan de los Ríos Grijalva fue director de Prevención y Control Ambiental cuando Enrique Alfaro era alcalde de Guadalajara, luego fue contratado como coordinador de Análisis y Transparencia del despacho del ahora gobernador. Dos trabajos muy distintos.

El colmo es que, como empleado de Transparencia, fue opaco. Ni siquiera reveló su declaración patrimonial, como era su obligación, y por eso la Contraloría del Estado le abrió un proceso administrativo.

Bueno, pues ahora él trabaja en el área de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con un sueldo de 14 mil 460 pesos quincenales.

Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que menos debería parecerse a cualquier dependencia de Gobierno, cada vez que hay un cambio en la presidencia corren a los más cercanos del funcionario anterior. 

Con el pretexto de que a 92 personas se les terminó su contrato justo antes de que entrara la nueva titular, Luz del Carmen Godínez González, ésta conformó un nuevo equipo. Bajó la plantilla de 319 a 307 personas. 

Fotografía: CEDHJ

Lo cierto es que en 2022 salieron 92, pero entraron 104 personas, de acuerdo con una solicitud de información enviada al organismo.

“Salieron 92 personas por término de contrato. A todos se les terminó el contrato el 31 de julio. De hecho, fue una de las situaciones que encontramos al llegar: no les dejaron su certeza laboral a las personas que colaboran aquí en la dependencia, su contrato terminaba el 31 de julio, yo llego el 2 de agosto, entonces nos dimos a la tarea de empezar a revisar, a actualizar en los mismos nombramientos y contratos a las personas para que pudieran tener su trabajo”.

Eso significa que, a su llegada, salió la tercera parte de los colaboradores.

Lo que no dijo es que hubo personas que sí fueron recontratadas. Por ejemplo: Irma Raquel Aguilar Miramontes, Luis Jesús Aguilar Pineda o Hugo Alejandro Anguiano Huerta.

Para que te des una idea de la importancia que tiene el pago de servidores públicos, este organismo recibe un presupuesto de 166 millones de pesos. De ese dinero, 152 millones de pesos se van al pago de nómina y quedan sólo ocho o nueve millones para operar, reconoció la presidenta del organismo.

Aunque, en entrevista, la funcionaria afirmó que cree mucho en el servicio civil de carrera, porque solamente hubo dos nuevos visitadores y cuatro ya estaban.

Dijo que su política consiste en no contratar personal por asimilados a salarios. Lo que quiere Godínez González es buscar un control, un modelo diferente de trabajo, ya que la Comisión cumple 30 años y no quiere aplicar el mismo modelo de hace tres décadas. Por ello, la presidenta actual del organismo trata de implementar una “reingeniería”.

Sin embargo, Socorro Piña, la consejera ciudadana de este organismo, y quien habló a título personal y no como vocera del grupo, expuso que le “dolió” la salida de los empleados.

“Se habla aproximadamente de una tercera parte de los empleados que han salido y, o sea, si estaba, efectivamente, un contrato laboral a esa fecha pues estoy de acuerdo, el patrón tiene esa posibilidad de decir: hasta aquí llegaste, pero hablando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo creo que debió haber sido de una forma mucho más humana esa salida”.

En tanto, la preocupación de la presidenta son los números.

“Pretendemos en un periodo de seis meses estarle resolviendo al ciudadano si hay una medida conciliatoria, si hay que dictar medidas cautelares desde el primer momento se dictan y si hay que llegar a una recomendación, también en el menor tiempo hacerlo”. 

A su llegada, la presidenta notó un rezago de 483 quejas. Había expedientes olvidados y personas reportaron que su inconformidad llevaba uno o dos años “sin movimiento” o alguna notificación. Su meta es ser más eficaz y eficiente, y reducir el tiempo de resolución. Ella quiere implementar una “justicia restaurativa”.

Luz del Carmen Godínez criticó que antes se recibían quejas de todo, y que ahora el personal va a orientar a las personas al área indicada.

Esta Comisión cumplió 30 años y es importante analizar el modelo de trabajo. Y para ello, incluso se realizó un diagnóstico.

Entre los cambios está pasar de cuatro a seis visitadurías.

1. Atención a familiares de víctimas de desaparecidos y mecanismo de prevención de la tortura (queda igual)
2. Grupos vulnerables (discapacidad, migrantes)
3. Pueblos originarios y temas de seguridad en municipios
4. Agenda ambiental (hay más quejas)
5. Nueva creación. Todos los temas de mujeres y diversidad.
6. Visitaduría de niñas, niños y adolescentes

Sin embargo, el activista Óscar González Garí, integrante del Observatorio, criticó que, a 30 años de existencia de la CEDHJ, se ha repetido desde el origen la práctica de cuotas y cuates por parte de los partidos políticos.

El abogado miembro de la Coordinadora 28 de mayo, Jaime Hernández Ortiz, coincidió:

“La Comisión yo diría que tiene las tres “C”: es un pago de cuotas a los partidos, a los diputados que ya tienen a su recomendado, de cuates porque son amigos, y de cuentas. Es un ajuste de cuentas porque quieren legitimarse a través de decir: la administración pasada encontramos un cochinero, bla, bla, bla…”.

La consejera Socorro Piña señaló que espera que la reestructura implique una Comisión más actuante y con acciones contundentes, por lo que espera que haya un enfoque transversal en todo el sector público estatal y municipal. Es decir, que se sepa para dónde va la Comisión.

“Desde un principio no quise evaluar o juzgar esta situación. Yo simplemente a la llegada de la presidenta, para mí fue una buena noticia que fuera nuevamente una mujer la que ocupara la presidencia, esperando una gestión mucho más humana hacia toda la problemática de los derechos humanos en Jalisco. Yo creo que puede haber esa empatía, pero necesita también haber cercanía porque es como un juez que juzga desde su escritorio y que es más bien su área, que lo apoya el secretario o los proyectistas los que finalmente hacen un trabajo bastante completo ya”.

No te pierdas la segunda parte de este especial...