Guadalajara, Jalisco.

La administración anterior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) dejó de pagar al fisco 20 millones de pesos por concepto de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el pago de aguinaldos durante cuatro años y dicho recurso se usó para tener una nómina a discreción de 80 personas que servía para contratar a los “cuates”, denunció el director Jurídico de la CEDHJ, Francisco Javier Ulloa.

“¿Y si quieren saber qué pasó con ese dinero? Porque eso es lo más importante. Ese dinero que no se pagó al fisco hicieron una transferencia de partidas a una partida que se llama asimilados a salarios, y se supone, eso el ministerio público nos lo tendrá que decir, que contrataron a sus cuates y por ahí salió el dinero”.

Informó que fue durante 2018, 2019, 2020 y 2021 cuando no se emitieron comprobantes fiscales ni se retuvo el ISR. Por eso, ya fue presentada una denuncia penal por defraudación fiscal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que está señalado el expresidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

Las 80 personas que se encontraban contratadas bajo la modalidad de asimilados a salarios ya no se encuentran en la Comisión. A decir del director Jurídico, nunca estuvieron contratados al mismo tiempo y este número fluctuaba.

“Ese era el número con el que jugaban. Cuando llegamos el dato que había 56 activos, al 1 de agosto, pero tenían esas vacantes que hacían el total de 80, entonces quiere decir, que jugaban con ese número, podían tener, no sé 10 contratados por asimilados, el mes que sigue 15 o 20, luego los cortas y luego contratas a alguien más. Esa nómina oculta era con la que jugaban”.

La directora administrativa, Martha Verónica Quirarte manifestó que los salarios oscilaban entre los 10 mil a los 15 mil pesos, y la partida inicial que se tenía era de 150 mil pesos anuales, pero con movimientos durante el año la llegaban a crecer hasta 14 millones.

Según estos funcionarios, la administración anterior conocía la situación porque se mandaron a hacer auditorías a despachos particulares para saber cómo iban sus cuentas y el resultado fue que debían pagar, pero no lo hicieron.

A esto se suman otras tres denuncias más presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por basificaciones irregulares e incumplimientos de contratos. De esta manera, se suman las primeras cuatro acciones penales de la nueva administración, luego del proceso de entrega recepción.

En estas tres extras se denuncian delitos cometidos en la administración pública, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio indebido del servicio público.

Las basificaciones de manera irregular se estima que son 10 hasta ahora, y entre los contratos se encuentra uno con una compañía de telefonía móvil y otro con el Ayuntamiento de Tlaquepaque para una oficina que no se usaba, y la administración anterior estaba obligada a pagar los servicios, pero nunca lo hizo y hay una adeudo de más de 172 mil pesos.