Guadalajara, Jalisco.

Para el Gobierno de Jalisco es más fácil responsabilizar a la malnutrición: gansito y refresco como causa para el desarrollo de la insuficiencia renal entre los menores de edad, que hablar del impacto que tiene la contaminación emanada de las descargas de agua de las industrias localizadas alrededor del río Santiago.

La coordinadora de desarrollo social, Ana Bárbara Casilla argumentó que con base a los resultados obtenidos de los 8 mil tamizajes realizados en los últimos dos años a los menores de edad de los poblados de San Pedro Itzican, Mezcala y Chalpicote pertenecientes a Poncitlán, el 43 por ciento tiene que ver con malnutrición.

“No es que se esté aceptando que los alimentos están contaminados, lo que pasa es que las personas tenemos más o menos riesgos ¿Por qué los niños de Ajijic no presentan esta incidencia de enfermedad renal? por que no cuentan con estos riesgo que sí cuentan los niños en Poncitlán que se derivan de malnutrición, y a veces de nacimientos prematuros y de hijos de madres adolescentes, son muchos de los factores, por eso se hace el diagnóstico técnico especializado, para entender cuales son los factores que agravan y si los niños se alimenta gansito y refresco evidentemente va haber problema”.

Desde 2020 a la fecha el Gobierno de Jalisco sólo ha estudiado a los menores de edad con insuficiencia renal de Poncitlán y ha dejado de lado al resto de las personas que también lo padecen: adolescentes, adultos, y viejos, siendo que la medida cautelar 07/2020 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige al gobierno de Jalisco y México estudiar a toda la población afectada.

Sin embargo, ambos gobiernos no están interesados en hablar y transparentar cuáles son los contaminantes que corren por el agua del río Santiago, y el impacto que eso genera en la salud. Un ejemplo de ello es la falta de funcionamiento y actualización del portal del estado de Jalisco que mes con mes debe de publicar el monitoreo de la calidad del agua del afluente.

Otro más es el recorte presupuestal para el 2023 para la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, institución que es la encargada de vigilar, inspeccionar y sancionar. Es decir, la capacidad para ver que las empresas no contaminen va a disminuir.

El director general de arquitectura y obras SIOP, René Caro Gómez, detalló acerca de las visitas e inspecciones realizadas en los últimos tres años.

“A través de la Proepa se han realizado desde el 2019 a 2022, 2 mil 29 visitas de inspección y 53 clausuras en el área de intervención prioritaria de los cuales el 80 por ciento tuvo el objetivo verificar la adecuada gestión de los residuos de manejo especial. Por ejemplo en 2019 se realizaron 358 visitas y 17 clausura; 2020, 558 visitas y 15 clausuras; 2021 598 visitas y 15 clausuras; y hasta noviembre del 2022, 515 visitas y 6 clausuras”.

Otro de los temas que quedan fuera en el discurso del Gobierno de Jalisco al hablar de de la contaminación en el río Santiago, son los rellenos sanitarios y el desemboque de los líquidos lixiviados al afluente.