Guadalajara, Jalisco.

La pandemia del COVID-19 debería ser tratada como una amenaza a la seguridad nacional, debido a su impacto y efectos demoledores. Esto significa que todas las capacidades y todos los recursos del Estado mexicano deberían canalizarse para enfrentar el virus, en especial con medidas preventivas, cuyo costo social y humano sería mucho menor que tener que actuar cuando se dé la propagación, porque eso significaría tomar medidas más duras como las que han desplegado otros países.

Esto es lo que señala Marcos Pablo Moloeznik Gruer, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) al analizar la dimensión de la seguridad en el micrositio “Jalisco después del COVID-19”, elaborado por Jalisco a Futuro y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la UdeG.

Hasta el momento, da la impresión que el gobierno federal –en quien recae la obligación constitucional de velar por la seguridad nacional– no está reconociendo ni asumiendo con la debida seriedad y responsabilidad la magnitud de esta amenaza, señala Moloeznik.

Las acciones que ya debieron tomarse son: Cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, con la vigilancia de fuerzas armadas; poner fin a la repatriación de mexicanos; decretar aislamiento por un mes con penas de privación de libertad a quienes incumplan; identificar y exceptuar los servicios esenciales y prestadores.

Además, proporcionar alimentos y agua en domicilios a familias que lo requieran; declarar estado de Excepción con aprobación del Congreso; negociar y adquirir insumos médicos vitales en China; y ordenar a las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad pública estatales y municipales, la vigilancia y cumplimiento de las medidas de choque, en especial de cuarentena.

El especialista admite que estas acciones pueden considerarse drásticas e innecesarias, pero, si la finalidad es preservar la vida humana, no hay otro camino que reconocer que estamos frente a la principal amenaza a la seguridad nacional y que todas las energías del Estado deberían canalizarse a su atención.

En síntesis, la fuerza en la toma de decisión debería ser otorgar prioridad a la vida humana sobre los efectos económicos de la pandemia. Mientras lo material se puede recuperar en el futuro, "la muerte es irreversible", concluye el especialista.