El gobierno australiano trataba de deportar a dos hombres, el ciudadano de Papúa Nueva Guinea Daniel Love y el ciudadano de Nueva Zelanda Brendan Thoms, en virtud de las leyes que permiten la cancelación de la visa de un criminal condenado.

Ambos hombres se identifican como australianos aborígenes, ya cada uno tiene un padre indígena y han vivido en el país desde que eran niños pequeños.

Love, que cumplió condena por asalto, y Thoms, que había sido encarcelado por violencia doméstica, han estado luchando en los tribunales para quedarse en Australia, argumentando que pueden ser "no ciudadanos" pero no son "extranjeros".

En una decisión por 4-3, la Corte determinó que los aborígenes "no están al alcance" de las disposiciones constitucionales relacionadas con los ciudadanos extranjeros.

Los pueblos indígenas han habitado el vasto continente por más de 60 mil años, mientras que la constitución de la nación moderna solo entró en vigor en 1901.

Thoms, que ya era reconocido como un propietario tradicional de tierras, fue aceptado por el tribunal como aborigen.

Pero los jueces no pudieron ponerse de acuerdo si Love podía superar la prueba en tres partes que considera el descenso biológico, la autoidentificación y el reconocimiento de la comunidad para poder ser considerado un aborigen.

La abogada Claire Gibbs, quien representó a los dos hombres, calificó la decisión como "importante para los aborígenes australianos".

"Este caso no se trata de ciudadanía, se trata de quién pertenece a este lugar, quién es ciudadano australiano y quién es parte de la comunidad australiana", dijo a los periodistas en Canberra.

La decisión de la Suprema Corte constituye la primera vez que un tribunal australiano decide si el gobierno tiene el poder de deportar a los indígenas.

Pero también abordó la polémica cuestión de cómo se define en la ley la condición de aborigen.