Supremo Tribunal de Justicia
Fotografía: Elena Castolo / UDGTV
Guadalajara, Jalisco.

En Jalisco, la justicia está a la venta. Por lo menos así sucede en algunos de los juzgados civiles, familiares, mercantiles y penales, en donde una notificación cuesta 500 pesos, un acuerdo vale 10 mil y una sentencia cuesta según sea la importancia del asunto, advirtió José Luis Tello Ramírez, presidente del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco.

Por ello, la Entidad se ubica en el séptimo lugar del país en cuanto a la percepción de actos de corrupción, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tello Ramírez agregó que los abogados saben cuáles son los juzgados donde existe mayor corrupción y mayor rezago. Algunos de ellos son los juzgados 5º y 8º de lo Familiar, señalaron algunos litigantes.

“La justicia no se vende. La corrupción no puede estar por encima de la justicia. Por eso es nuestro llamado y vamos a tocar lo que les duele. ¿Qué les duele? Que ya basta de que metan gente corrupta al Poder Judicial. Ya basta que haya cotos de poder que en vez de mejorar la impartición de justicia están perjudicando la justicia, que debe ser pronta, rápida y expedita, en perjuicio del justiciable”, expresó.

Además de responsabilizar a los jueces, secretarios y notificadores por los actos de corrupción al impartir justicia, el Consejo de Colegios de Abogados señaló que los responsables de ese desorden son los cuatro consejeros de la Judicatura: Claudia Rivera Maytorena; Tatiana Anaya Zúñiga; Iván Novia Cruz y José de Jesús Becerra Ramírez, quienes no supervisan a los jueces porque no acuden a Ciudad Judicial.

Por ello, anticipó que van a presentar juicios políticos en contra de los cuatro consejeros.

“Pretendemos llevar a cabo juicios políticos en contra de esos consejeros, que más allá de fortalecer la justicia, lamentablemente desconocen para lo cual fueron designados y yo considero que una persona que fue designada a un cargo público, debe y sabe resolver los problemas que existen”, señaló.

El pronunciamiento fue suscrito por abogadas y abogados de siete colegios de profesionales del derecho, quienes le piden al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que intervenga para poner en orden a los jueces, ya que el titular del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, ha hecho un esfuerzo notable… pero ha quedado rebasado.

Los colegios de abogados señalaron que en Jalisco la “digitalización” de los procesos judiciales tiene un severo retraso, cuando hay entidades en donde todas las diligencias se realizan en forma virtual.

“Baja California ya tiene su sistema digital y desde aquí, el hecho de registrarme como abogado donde exista un proceso judicial, puedo redactar y puedo imprimir mi acuerdo, puedo impulsar mi proceso sin necesidad de ir a Baja California. Esto es lo que buscamos y ténganlo por seguro que no hay contagiados y ténganlo por seguro que todos vamos a estar en casa”, subrayó.

De 2017 a la fecha, existen más de mil quejas en contra de los jueces, procesos que en su mayoría están abiertos en el Consejo de la Judicatura.

Ignacio Pérez Vega

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