Guadalajara, Jalisco.

La Contraloría Ciudadana de Guadalajara no encontró “anomalías graves” en el proceso de licitación para el arrendamiento de patrullas, motocicletas, patines eléctricos y bicicletas para la Comisaría de la Policía de Guadalajara, por un monto de 792 millones de pesos.

Tras más de cuatro meses de trabajo, la contralora de Guadalajara, Cynthia Cantero Pacheco, presentó la primera etapa de las investigaciones, al tratarse de un “caso socialmente relevante”, dadas las denuncias hechas por regidores de Morena y por la difusión que se hizo en medios de comunicación.

Únicamente se encontró una anomalía administrativa en contra de un servidor público, al que no se identificó, según explicó Cynthia Cantero.

“Nosotros lo que llevaremos a cabo es un procedimiento de responsabilidad sobre la persona que debió de haber contado con ese documento y habérselo entregado a los integrantes del Comité, porque es una fase y un proceso que la Ley de Compras Gubernamentales determina. Eso es por lo que vamos a iniciar un procedimiento de responsabilidad ya en la etapa de substanciación. Sería prácticamente el único rubro de los denunciados, donde se detectó que existe una falta administrativa”, dijo.

La contralora advirtió que a partir de este caso hará una serie de observaciones para mejorar los procesos de licitación que realiza el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Guadalajara, con la idea de que exista más transparencia.

“Algunas de estas recomendaciones que se les harán llegar son las siguientes: ampliar lo más posible los plazos entre cada una de las etapas de la convocatoria, con el fin de evitar márgenes de interpretación y discrecionalidad. Se pongan a disposición de todos los integrantes del Comité de Adquisiciones, así sea en casos de urgencia, la información de todos los procesos, con la mayor anticipación posible”, expuso.

Los regidores de Morena y del PAN señalaron que hubo una compra a sobreprecio de las unidades por alrededor de 300 millones de pesos, que se lanzó la licitación en diciembre de 2021, cuando aún no se aprobaba el presupuesto 2022 del Ayuntamiento, y que la empresa que ganó el arrendamiento de 290 patrullas y equipamiento diverso por 792 millones -Integradora de Apoyo Municipal SA de CV- incumplió el contrato.

Ninguna de estos señalamientos pudo acreditarse en las investigaciones que hasta el momento realiza la Contraloría.

Ignacio Pérez Vega

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