Guadalajara, Jalisco.

Como una estrategia “ilegal” por parte de los vecinos de Jardines del Country para retrasar el inicio del proyecto “Il Parco”, así es como califica el constructor de esta obra la oposición ciudadana que ha encontrado.

“Il Parco” está ubicada sobre la Avenida de la Presa, en la Colonia Jardines del Country, y colinda con la presa de Zoquipan, un monumento catalogado por el INAH como edificación histórica, que ahora funciona como vaso regulador.

“Después de tres años de estar defendiéndose, se ha evidenciado y hay una carpeta judicializada, que existe un fraude procesal; es decir, una acción dividida en varios juicios para un solo objetivo: evitar a toda costa que el edificio se construya por intereses de cuatro a cinco personas”.

Señalan que quien se ostenta como representante vecinal no está reconocido por la autoridad municipal.

“En términos de ley, eso nace de la Constitución, nuestro Código Urbano y un reglamento de la gobernanza del municipio de Guadalajara, para yo ser representante vecinal de una colonia tengo que estar reconocido como tal por el propio Gobierno municipal y esta persona no está reconocida y sigue sin estar reconocida como representante vecinal ante el municipio de Guadalajara, y lo tenemos documentado”.

Este proyecto inmobiliario pretende ser construido en ocho niveles y albergar 60 departamentos de una recamara con una extensión de 50 metros cuadrados. El abogado del constructor, con razón social Grupo Administrador Preciado, señala que el muro de la Presa de Zoquipan, que data de 200 años, no será tocado.

“No se toca el muro de la presa, el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizó ya el edificio; incluso autorizó el cambio de proyecto que vamos a realizar y estableció los lineamientos y la distancia que deben guardar el edificio con respecto al muro. No se va a tocar, se va a restaurar y el desarrollador, una vez que el edificio se construya, tendrá la obligación de estarlos cuidando, restaurarlo, etcétera”.

Ellos descartan que haya peligro de inundaciones, al ser una zona cercana donde confluye el cauce del Río Atemajac que desemboca en este vaso regulador.

“Es un acto administrativo que autoriza el Gobierno a través de una serie de estudios técnicos que determinan que el edificio puede ser construido y habitado. En su momento tendrá el certificado de habitabilidad, que es la mayor garantía que se puede vivir ahí sin ningún problema. Además, ya está el vaso regulador, que ya está rehabilitado para que capte más agua, y eso no va a suceder".

El constructor señalo que comenzarán las obras a la brevedad por tener toda la legalidad para hacerlo.