Un Congreso al servicio del gobernador || Parte 2

El 22 de enero de 2019, el gobernador envió una propuesta para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM); seis días después, los legisladores la habían aprobado sin apertura a la discusión.

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Guadalajara, Jalisco.

La Legislatura 62 transcurrió en medio de polémicas y algunos logros, con una escasa oposición, pero sí con diversas acciones para el golpeteo político y una excesiva exposición en redes sociales de varios de sus integrantes.

Por primera vez, el Congreso de Jalisco tuvo en su mayoría diputados de Movimiento Ciudadano (MC): el partido en el poder, y dejó muy pocos avances para reconocerle frente a lo que debieron pagar los jaliscienses en los últimos tres años.

Durante el primer periodo de la Legislatura 62, se creó un bloque que desapareció la oposición en el Congreso del Estado y le facilitó el trabajo al gobernador, Enrique Alfaro. Lo conformaron MC, el PAN, el PRD, el PT y el Partido Verde. Después, la alianza se mantuvo sólo entre MC y el PAN, así como con un ex diputado del PT, que tras las campañas se quedó sin partido.

El resultado de ese bloque fue que, de las 51 iniciativas que presentó el Ejecutivo durante esos tres años, ninguna se rechazó y seis de cada 10 se aprobaron. Las restantes se encuentran en estudio en comisión.

A sólo ocho días de haber iniciado funciones, los diputados de la Legislatura anterior concretaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde se incluyó la figura de “iniciativa preferente”, lo que obligó a que aquellas que fueran enviadas por Enrique Alfaro tuvieran un trato prioritario y debieran dictaminarse antes de 70 días.

Dos meses después vino la primera iniciativa del Ejecutivo y la Legislatura dio muestra que las propuestas enviadas por ese poder serían aprobadas sin apertura a la discusión.

El 22 de enero de 2019, el gobernador envió una propuesta para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM); seis días después, los legisladores la habían aprobado sin apertura a la discusión.

En medio de reclamos de organizaciones feministas, y tras cerrarles las puertas para que no acudieran a la explicación que brindó el Ejecutivo para su desaparición, y ni siquiera permitir el paso a la sesión, los legisladores avalaron reducir el Mecanismo de Adelanto para las Mujeres en Jalisco a una subsecretaría, algo que luego debieron corregir para convertirlo en una Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Después vino la siguiente petición del gobernador: un endeudamiento a largo plazo de cinco mil 250 millones de pesos con la justificación de invertirlo en infraestructura. Los diputados lo aprobaron sin mayor análisis el 14 de marzo de 2019.

También llegó la primera iniciativa preferente para crear una Ley de Participación Ciudadana y Gobernanza, donde se le quitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la posibilidad de determinar la procedencia de mecanismos como la revocación de mandato, la ratificación constitucional, la consulta popular y otros, para darle esa facultad a un Consejo presidido por la secretaria de Participación Ciudadana, Margarita Sierra. Ésta fue aprobada en medio de reclamos de diputados de oposición.

Luego vino un atisbo de luz en esa Legislatura, cuando, en septiembre de 2019, aprobaron una reforma al Poder Judicial para elevar los requisitos en nombramientos de magistrados y consejeros a fin de tener mejores perfiles. En ella se aprobó eliminar a estos funcionarios el derecho al haber de retiro y que se les aplicara exámenes de control de confianza en los procesos de selección.

Sin embargo, ésta fue echada abajo menos de un año después, cuando, en junio de 2020, los diputados decidieron elegir a tres consejeros de la Judicatura tras un proceso señalado por el Comité de Participación Social (CPS) ante los incumplimientos a su propia reforma, y por considerar que prevaleció la lógica de “cuotas y cuates”.

Los aspirantes no pasaron el examen de conocimientos: uno de los requisitos más importantes impuestos en estos cambios, pero hoy están como consejeros.

Esto derivó en que los diputados abrieran un frente político contra los integrantes del CPS.

Primero avalaron un acuerdo donde los señalaron de haberse “extralimitado” en sus funciones por las críticas al proceso de selección de los consejeros y denostaron el trabajo de ese ente. Incluso, en un primer momento, hubo señalamientos de acoso sexual contra dos de sus integrantes.

Para este año, se sumó la aprobación de una reforma donde se les eliminó el sueldo, misma que luego debieron echar para atrás por observaciones del gobernador, pero éste a la vez quitó la posibilidad de que tuvieran otro empleo, al proponer que los diputados tuvieran la facultad de destituir a sus integrantes en caso de falta de probidad, negligencia o que desempeñen otro cargo que signifique un conflicto de interés.

La aprobación de una reforma anticorrupción 2.0 también fue calificada como un retroceso para académicos y los integrantes del CPS, pues los diputados echaron abajo lo que se consolidó durante la legislatura 61.

Por ejemplo, dieron más espacios a funcionarios en los comités de compras gubernamentales, no se dotó de autonomía a la Fiscalía Estatal, se le restaron atribuciones a la Fiscalía Anticorrupción, no se creó una Ley de Designaciones Públicas para evitar las “cuotas y cuates”, y tampoco se creó el servicio profesional de carrera.

En medio de todo eso, la Legislatura 62 ya le había aprobado al Ejecutivo la contratación de otro crédito a largo plazo con la justificación de que necesitaba liquidez para atender la urgencia que significó la atención de la pandemia de Covid-19. Así, sin mayor análisis desde el Legislativo, para mayo de 2020 Jalisco estaba endeudado por más de 11 mil millones de pesos durante los próximos 20 años.

Pero no todo en la Legislatura 62 fue negativo. Uno de los avances que se pueden destacar de las y los diputados que la integraron fue que, en 2020, y antes de irse a campaña, aprobaron una reforma para incluir el término de violencia política en razón de género, así como sanciones administrativas hasta por ocho millones de pesos, y penales para quienes la cometan, e incluso la posibilidad de perder la candidatura o negar el registro a quien tenga sentencia por esa causa.

También dieron luz verde a la Ley Olimpia en septiembre de 2020.

También dieron luz verde a la Ley Olimpia en septiembre de 2020, para tipificar como delito la violencia digital contra las mujeres que se comete con la difusión de contenido sexual, hostigamiento en internet y redes sociales.

Y aunque algunos diputados han presumido la aprobación de un paquete de leyes relacionadas con la desaparición de personas en la legislatura pasada, lo cierto es que el esfuerzo fue de las familias, quienes insistieron en su aprobación pese al desdén de muchos de ellos por escucharlas mientras se daba la discusión en el Congreso del Estado.

No se pierda la tercera y última entrega de este trabajo especial: El fin de una Legislatura sumida en el escándalo, en la que le expondré cuáles son los riesgos que tienen los diputados que recientemente rindieron protesta para repetir la historia que les heredaron sus antecesores.

Lee el Especial completo en: 

El fin de una Legislatura sumida en el escándalo

Fatima Aguilar

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