Guadalajara, Jalisco.

Porque aparece como demandado, y no para defender la reasignación de recursos que hizo el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado respondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las controversias constitucionales que interpusieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales.

La presidenta de la Mesa Directiva, Priscila Franco Barba, defendió que fueron requeridos por la Corte y era su obligación responder, pero el Congreso no pidió intervenir como tercero interesado. Además, la respuesta oficial a la controversia aún no se da. Explicó parte de lo que argumentaron en estos recursos de reclamación.

“Las dos reclamaciones son en ese sentido respecto a la legitimidad de quién promueve y también respecto al término en el que se están recurriendo algunas leyes y se ha comentado incluso que ya perdieron la vigencia algunas de estas leyes que se estén reclamando al Congreso del Estado. No estamos reclamando en ese sentido, nosotros sólo vamos a defender las decisiones que la Asamblea del Congreso del Estado haya aprobado”.

Tras señalamientos de diputados de Hagamos en el sentido de que no defendieron la facultad del Congreso para aprobar modificaciones al presupuesto de egresos, la legisladora manifestó que en la controversia les reclaman a los diputados la Ley del Presupuesto de Egresos 2020, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Respecto a eso, la Mesa Directiva respondió que ya pasó el plazo para quejarse de ellas y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no está facultada porque no es un tema que le competa.

Añadió que no hay nada irregular porque en estas respuestas no es obligatorio dar cuenta al Pleno ni que lo apruebe, pues la Mesa Directiva es la apoderada legal del Congreso.

“Pero no estamos obligados a dar cuenta o hacer del conocimiento del Pleno cada uno de los incidentes, recursos o demás que se promueven en los más de cinco mil 500 asuntos que maneja la coordinación de asuntos jurídicos”.

Para dar respuesta oficial tiene como plazo hasta el próximo 21 de febrero. La petición de la Corte es que los diputados remitan copia certificada de los antecedentes legislativos de estas normas generales y actos impugnados, incluir iniciativas, dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de sesiones donde se aprobaron y en las que conste la votación de los legisladores, así como los diarios de debates.