Fotografía: Elena Castolo / UDGTV
Guadalajara, Jalisco.

Como parte de la controversia interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) debido al recorte de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara (UdeG) por parte del Ejecutivo, el Congreso del Estado sí intervino y lo hizo a través de un recurso de reclamación donde manifiestan no estar de acuerdo con la suspensión otorgada a la Comisión para que el recurso del Museo de Ciencias Ambientales se mantenga allí, sin moverse o reorientarse al Hospital Civil de Oriente, como lo propone el gobernador Enrique Alfaro.

El coordinador jurídico del Legislativo, Víctor Sánchez Orozco, descartó que fuera de manera irregular, pues ante cualquier asunto de este tipo, el Congreso debe responder institucionalmente y decidieron hacerlo en defensa de la reasignación de estos recursos que hizo el Ejecutivo, pese a que esa modificación nunca pasó por el Congreso.

“Que no está de acuerdo con la suspensión que se otorgó a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en virtud de que no hay las valoraciones de fondo que debieron de hacerse para determinar si estaba bien o no que el presupuesto se modificara, simplemente. Cada autoridad, también lo que debemos tener claro, es que cada autoridad en sus facultades y funciones evidentemente cuando hay una autoridad, cada una va respondiendo conforme a sus facultades”.

El funcionario dijo que lo hicieron con la autorización de la Mesa Directiva, quien es el apoderado legal del Congreso para estos asuntos y que no se le obliga a informar o a que el Pleno autorice estas respuestas a la Corte.

“No es nada extraordinario lo que hizo el Congreso ni fuera de las facultades que tiene, por un lado, la coordinación jurídica ni la Mesa Directiva. Se hace con todos los asuntos, notifican, y nosotros de inmediato planteamos una argumentación jurídica. No se necesita la autorización del Pleno. La Mesa Directiva es el apoderado legal del Congreso y, en algunos casos, en términos de la Ley de Amparo, el coordinador jurídico entonces no tiene por qué someterlo, siquiera darle cuenta, si no, no”.

Aseguró que el recurso de reclamación fue firmado por la presidenta y diputada emecista, Priscila Franco, la secretaria del mismo partido, Estefanía Padilla, y la otra secretaria y diputada morenista, Claudia García. Ninguna manifestó algo en contra de este documento elaborado por su coordinación, pese a que previamente se discute con los asesores de las diputadas que integran la Mesa Directiva.

La fracción de Hagamos catalogó como “grave” que la respuesta del Congreso vaya en ese sentido, pues no sólo no defendieron la división de poderes y ser los únicos facultados para avalar el presupuesto, sino que defendieron al Ejecutivo en cómo realizó la reasignación de recursos, pese a que omitió pedir autorización a los diputados.

Fatima Aguilar

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