Guadalajara, Jalisco.

Productores agrícolas pertenecientes a la asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Río Santiago obtuvieron un amparo en el que la justicia federal les ampara y protege, pero también ordena que cesen los actos de autoridad que les ha dejado sin agua en miles de hectáreas, generando daños aún no cuantificados. Dentro de las actuaciones se destaca que el gobierno de Jalisco y la policía estatal actuaron sin mandato judicial a la hora de intervenir los equipos de bombeo de los ejidos.

Los equipos jurídicos han anunciado que además sostienen denuncias y demandas en torno al caso.

El juicio de garantías lo interpusieron en contra de 44 autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo Secretaría de Gobernación, Congreso de la Unión, Gobernador de Jalisco, jefe de Gabinete, Secretario de Gobierno, titular del SIAPA, dos presidentes municipales de Poncitlán y Zapotlán del Rey, Secretario de Desarrollo Rural y comisarios de diferentes dependencias estatales y municipales, entre otros.

Todo quedó registrado bajo el número 576/2021 e incluyendo los hechos ocurridos el pasado 22 de marzo, cuando se llevó a cabo el operativo anunciado por el jefe de gabiente, Hugo Luna, donde se reconoció que con uso de la fuerza pública se clausuraron sin mandamiento judicial de por medio, las tomas de agua de Zapotitlán, San José de Ornelas y la Constancia, en lo que se dijo era un caso de huachicoleo de agua.

En consecuencia, los agricultores dejaron de tener acceso a la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales por 8 millones 860 mil metros cúbicos, a lo que tenían derecho legalmente, a través de una concesión otorgada por el gobierno federal para sustraer agua del río santiago y el lago de Chapala.

Ellos dejaron de regar mil 380 hectáreas de San Miguel Zapotitlán, 688 hectáreas del ejido de San José de Ornelas y mil 10 hectáreas del ejido la Constancia, y ya no pudieron tener acceso a un total de cinco bombas de 100 y otras dos de 40 caballos de fuerza.

El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa, Civil y de Trabajo está ordenando que dejen de intervenir predios y bombas de los quejosos y dejen las cosas como estaban.