Guadalajara, Jalisco. 

Luego de que se dieran a conocer las denuncias de violación de a al menos tres custodias en el Penal de Puente Grande, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió al Congreso de Jalisco la comparecencia de funcionarios de seguridad. 

La organización se refirió específicamente al director general de Prevención y Reinserción  social,  José Antonio Pérez; al coordinador general estratégico de seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Beruben; y al titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Agustín Pacheco.  

Además de este caso reportado a principios de febrero, la co directora del Cepad, Denisse Montiel Flores señaló que han documentado más violaciones a los derechos humanos dentro del penal. 

“Esto porque de acuerdo también a la información y los datos que hemos documentado desde el Cepad, ha habido una serie de violaciones de derechos humanos que han permanecido y que han ocurrido graves hechos como riñas, traslados irregulares en el femenil, así como otros hechos que han generado que varias personas privadas de la libertad  pierdan la vida”, señaló. 

La co directora del Cepad, expuso otras problemáticas dentro del penal y de otros centros penitenciarios, como la sobrepoblación y la falta de seguridad.    

Ante el problema de sobrepoblación, Denisse Montiel reveló que más del 60 por ciento de las personas privadas de la libertad no han recibido sentencia.

“Y en este sentido también advertíamos en cuanto a aquellas personas, que son la mayoría, más del 60 por ciento de la personas que están privadas de la libertad aquí en Jalisco precisamente, no han tenido ninguna sentencia. Algunas llevan hasta 12 años desde que fueron detenidas sin haber obtenido una sentencia, y que precisamente esto ha generado también condiciones de sobrepoblación, porque la respuesta ante la violencia, ante la falta de seguridad, la única respuesta ha sido la cárcel”, subrayó.  

Denisse señaló que es urgente reforzar la seguridad dentro de las cárceles, no sólo para el personal administrativo y de seguridad, sino también para las personas que se encuentran privadas de la libertad, en especial mujeres.