Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) identificó que existen 185 giros comerciales, que van desde abarrotes hasta industriales, en el corredor de Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco de Zúñiga, en los límites con el municipio de Tala.

La urbanización también crece en forma desmedida. De 2008 a 2016 se tiene el registro de un cambio de cobertura en el terreno de la zona: de tres mil 947 hectáreas a ocho mil 602, lo que significa un incremento de 217 por ciento.

El crecimiento urbano e industrial genera preocupación de los vecinos del corredor de Santa Cruz de las Flores, por donde pasa el Circuito Vial Metropolitano, quienes esta semana realizaron una protesta porque, aseguraron, hay pipas que extraen agua del pozo municipal sin control alguno.

De 2005 a 2020 se ha dado un gran crecimiento poblacional en el punto. Los fraccionamientos más grandes son Banús Residencial, con dos mil 574 habitantes; Valle de las Flores, con 721; Senderos de Monteverde, con casi mil colonos, y el más grande y reciente: Vistas del Sur, con dos mil 694 viviendas.

En los últimos cinco años se han construido ocho parques industriales en la zona, precisó la CEDHJ, en cuyo pronunciamiento señaló que existe una “sobreexplotación” del suelo para uso urbano e industrial.

Por ello, el organismo defensor de las garantías individuales señala que “el deber del Estado es proteger los derechos humanos frente a las empresas”, y ahí realizó un llamado al Ayuntamiento de Tlajomulco y al Gobierno de Jalisco para que tomen acciones en torno a los problemas ambientales, al uso del agua y sus descargas, y a establecer un orden en la apertura de industrias y fraccionamientos.

Una acción concreta que se pide es contar con un inventario de descargas de aguas y hacer respetar el Plan Parcial de Desarrollo Distrito Urbano 04 del “Cerro de Totoltepec”.

La CEDHJ subrayó que las empresas deben cumplir con cuatro condiciones definidas por la ONU para acreditar que una empresa respeta los derechos humanos: cumplir la ley, asumir el compromiso corporativo de respetar los derechos humanos, establecer procesos para el respeto de las garantías individuales y crear mecanismos de reparación por los impactos negativos que generen sus actividades.