Guadalajara, Jalisco. 

Poco a poco se aplica la justicia en el caso del feminicidio de Liliana, una mujer wixárika de 20 años de edad del poblado El Bajío en el municipio de Mezquitic, cuya muerte fue hecha pasar como un suicidio, por la intervención ilegal del médico legista José Fernando “N” y del agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, Óscar “N”.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado logró vincular a proceso al médico José Fernando y a Óscar, agente del Ministerio Público, por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de la justicia.

Liliana fue encontrada muerta el 2 de marzo de este año, colgada de un árbol afuera de su casa en la localidad de El Bajío (comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán). El caso fue considerado como un suicidio, cuando en realidad hoy se sabe que fue su esposo quien le quitó la vida y la colocó en el árbol.

El feminicidio fue certificado por el médico de Huejuquilla el Alto y por el agente del Ministerio Público, como un suicidio, cuando Liliana tenía huellas de violencia y una herida de arma blanca en el abdomen.

Quien no creyó la versión fue una hermana de Liliana, quien tuvo el apoyo del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas de Zacatecas, para reabrir el caso.

El fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, informó que el agente del Ministerio Público fue separado del cargo y el médico ya no volverá a realizar autopsias. Ambos están sometidos a juicio.

“En consecuencia, ¿Qué hicimos? a la hora de que ya tenemos datos de prueba suficientes, consideramos que quien practicó la autopsia, como el agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación, no llevaron a cabo las cosas como debieron hacerlas y por lo tanto, cometen delitos, algunos de ellos que tienen que ver con violación a derechos fundamentales de la víctima, porque le negaron el acceso a una justicia adecuada y además, delitos cometidos en la administración de justicia, porque se llevaron de una manera intencional, en acciones u omisiones que beneficiaron a una de las partes en un procedimiento judicial”, explicó.

Liliana era artesana, bordaba cinturones para venderlos y sostener a su pequeña hija y ayudar económicamente a su mamá. Además, era instructora educativa del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y con esa labor buscaba obtener una beca para seguir sus estudios.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo seis meses para ampliar la investigación y lograr que se declare culpables al médico y al agente del MP.

“Se estableció también un plazo de investigación complementaria de seis meses en la cual esperamos recabar mejores datos de prueba para el supuesto de llegar a una audiencias de juicio oral en contra de ellos. Obviamente, en estos dos delitos que se les atribuyen, no estamos en supuestos de delitos que tengan prisión preventiva oficiosa y no están los elementos dados para promover una prisión preventiva justificada. En consecuencia, solicitamos medidas cautelares que fueron concedidas”, expuso.

Ambos ex servidores públicos tendrán que acudir ante el juez cada 15 días y no pueden salir del estado. El fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz dijo que están abiertos a que si hay más pruebas de otros delitos cometidos por el médico y por el MP, se puede actuar en consecuencia.

Trascendió que en mayo pasado, dos meses después del feminicidio de Liliana, ocurrió la muerte de Hilaria, en la misma zona wixárika, caso que también se acreditó como suicidio, sin embargo, hay dudas sobre si esa fue la causa de su deceso, ya que la mujer también sufría violencia intrafamiliar, como la padeció Liliana.

La Fiscalía Anticorrupción acató la recomendación 25/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que también acreditó las irregularidades del médico y del agente del MP.