Autlán de Navarro, Jalisco.

El caso de los niños intoxicados por pesticidas en el poblado de El Mentidero ha sentado un importante precedente.

El investigador Luis Manuel Martínez detalla que se ha contribuido a impulsar el decreto para las acciones que deberá realizar el Gobierno federal a fin de sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de glifosato y otros agroquímicos utilizados en México que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

“El caso de los niños de Autlán movió mucho. Hubo mucha presión no sólo a nivel local, también a nivel federal. El decreto que se hizo para retirar glifosato, la presencia de los pesticidas en niños, le dio fortaleza para que tomara la decisión la autoridad federal. Este fue un elemento muy importante y detonador”.

En el aspecto estatal, es el sector Salud el que no ha participado activamente en el proceso. Únicamente realizó un diagnóstico para asegurarse que no había falla renal.

“Yo creo que (es) el que nos ha faltado un poco más en el ámbito de salud. La vimos solamente cuando vino a hacer un diagnóstico y ya no se dio seguimiento, y los niños siguen expuestos. Ha habido más seguimiento en el área agrícola a nivel municipal”, dijo Martínez Rivera.

El investigador resaltó que la Comisión de Derechos Humanos tenía una deuda con la población, ya que a dos años de los hechos no había emitido una recomendación.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una tarea pendiente con los niños de aquí. En este mes se cumplen dos años; es demasiado tiempo. Ellos ya tienen elementos suficientes para emitir una recomendación. Nosotros ya tuvimos reuniones con ellos, les dimos información, aclaramos sus dudas… todavía tenemos esperanza de que saquen una recomendación pronto porque será decisiva para defender los derechos de los niños de vivir en un ambiente sano”.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Estatal, se capacitó a alumnos de comunidades agrícolas y a productores, en el uso y manejo de productos de control biológico en las comunidades de La Yerbabuena, El Chante, Ahuacapán, Mezquitán y El Corcovado.

El comité Estatal, a través de la junta estatal, realizó un seguimiento al cultivo de la parcela de la escuela. Hoy existen lineamientos que establecen el área de exclusión y la distancia a la que debe estar ubicada una escuela o vivienda de una zona agrícola.

Autlán, al ser una región agrícola, cuenta con muchas viviendas cercanas a zonas de plantación, pero el dato de cuántas escuelas o viviendas existen, se desconoce, indicó Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural del municipio Autlán.

“Sí hay un proceso normativo. Estamos trabajando y el acuerdo que hemos tomados con el grupo multidisciplinario es tener un área de exclusión no solo en escuelas; también en casas”.

“Es mucha el área. La mayoría de las colonias de Autlán están cercanas a áreas agrícolas; las agencias y delegaciones están dentro de las zonas agrícolas. Nuestro municipio es completamente agropecuario”.

 Y aunque no es la constante, sí destaca la falta de recursos en las escuelas rurales. Por esa razón, los planteles que cuentan con parcelas escolares suelen rentarlas a fin de obtener recursos. Y si bien existen lineamientos y cláusulas que impiden que en estas parcelas se utilicen agroquímicos, en la escuela Venustiano Carranza el contrato no fue respetado.

“Dentro de los contratos que hacen las escuelas con los productores sí está estipulado no establecer cultivos de afectación; de no aplicar productos agrícolas que contaminen. Aquí no se estaba cumpliendo. Vimos el contrato del nuevo productor y tampoco cumplió con este contrato; fue uno de los motivos por los que se les invito a que se retiraran. Nosotros tenemos actas administrativas donde (se) va a proceder, y nosotros estamos informando constantemente a (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos, y serán las autoridades correspondientes quienes harán lo procedente”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha concluido que “el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación Jalisco, dejaron de observar distintas normas y principios jurídicos en cuanto a que deben garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas”.

Añadió que, además, “se acreditó la vulneración sistemática de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud, al medio ambiente saludable y a los derechos de la niñez, de las personas menores de edad y habitantes de El Mentidero, y Ahuacapán, municipio de Autlán de Navarro”.

De ahí que se hace la recomendación al Gobierno municipal para que repare el daño causado a las víctimas de la intoxicación con agroquímicos, y además se sancione al personal responsable del municipio por la deficiente aplicación de la ley.

Y aunado a que se reforeste la zona de los planteles, a la Secretaría de Salud también le señala que debe capacitar a su personal en el manejo de casos de ese tipo y extreme la vigilancia en sus centros hospitalarios para detectar la incidencia de casos similares a este, pero a tiempo.

Al secretario de Medio Ambiente le ha recomendado que trabaje en un proyecto sobre pesticidas y agroquímicos, y se sustituya el uso del glifosato en la región Costa Sur y Sierra de Amula; mientras que a personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente le recomienda que elabore un programa de inspección y vigilancia de generadores de residuos de este tipo en los campos de Autlán de Navarro y, especialmente, en predios colindantes a planteles escolares.

Finalmente, la Secretaria de Educación y los 125 municipios deben capacitar a su personal para este tipo de casos, por personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, que debe ampliar su propuesta a todo el sector agropecuario.