Guadalajara, Jalisco.

Un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco pone en evidencia la situación de violencia que viven periodistas y defensores de los derechos humanos en Jalisco. Contra representantes de medios de comunicación se mencionan al menos 34 casos en los últimos 15 meses, con 44 probables víctimas.

En el pronunciamiento número 3 de este año 2022, la defensoría de derechos humanos documenta al menos 22 formas de agresión contra periodistas y que van desde el acoso, la agresión física, la agresión general, las amenazas, la difamación, la incomunicación, el robo, la descalificación, la intimidación, la criminalización y la detención, entre las primeras diez. Pero también se han documentado casos de despido laboral o remoción y hasta violencia sexual.

Mientras que contra defensores de derechos humanos aumentan a 24 y se han aplicado desde la detención, agresión física, criminalización, retención, lesiones, desaparición forzada, hasta la incomunicación, intimidación, y muerte violenta.

Identifica la Comisión Estatal de Derechos Humanos como causantes de esto a las autoridades estatales y municipales principalmente, en los últimos tiempos y contra los periodistas con un aumento preocupante en la participación de agentes del orden estatal, pero también de ciudadanos o particulares, que muy probablemente pudieran estar ligados al crimen organizado. La participación de autoridades federales.

El estudio fue realizado por la Unidad de Análisis y Contexto y del área de Atención a Periodistas, Defensoras y defensores de derechos humanos de la propia Comisión, 5 que del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2022 documentaron 34 casos de agresión contra periodistas, el 34 % de ellos concentrados en Guadalajara, 13.6 % en Zapopan, 9 % en Ocotlán, 6.8 % en San Pedro Tlaquepaque, 4.5 % en Encarnación de Díaz y mismo porcentaje en Puerto Vallarta, 2.2 % tanto en Tonalá como en Zapotlán el Grande.

Mención aparte les merece la violencia digital que alcanzó el 18 % de los registros con características de agresión, en redes sociales.

Concluye la CEDHJ que mientras el Estado Mexicano está obligado en todos sus niveles a respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos; por otro lado quienes le representan son los principales probables responsables del origen de la violencia que atenta contra periodistas y personas defensoras en Jalisco.