Fotografía: Ignacio Perez Vega
Guadalajara, Jalisco.

Lamentan propietarios de talleres automotrices y organismos ciudadanos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) haya “archivado” en forma definitiva la queja 378/2020/1, en la que se argumentó que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) viola las garantías individuales de los jaliscienses, ante la inaplicación del programa de verificación vehicular, el cual debió estar activo desde el 1 de enero de este año.

Jaime David Aldrete Medina, presidente de la agrupación Talleres Acreditados Independientes, explicó que la queja fue presentada el 28 de enero de 2020, sin embargo, el organismo público desechó la queja, al considerar que “no es grave” la afectación a la salud de los habitantes, al existir mala calidad del aire.

“El día de ayer nos presentamos en la CEDHJ porque dieron por concluido la queja que se interpuso en contra de la Semadet, por la mala calidad del aire y por no contar con un programa de verificación vigente, no que lo tenga en el pensamiento el secretario Sergio Graf o que diga que ya mero lo saca. Ahorita si alguien quiere verificar su auto no hay un lugar donde pueda ir a hacer ese trámite y siguen violentando la Ley del Equilibro Ecológico de la federación en su artículo 112”, expresó.

La Comisión de Derechos Humanos determinó archivar la queja “en espera de mejores datos” y solicitó al titular de la Semadet, Sergio Graf Montero, que atienda los puntos expuestos en la recomendación 32/ 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los quejosos informaron que ya pidieron oficialmente a la CEDHJ que reconsidere la decisión y reabra el expediente.

Por su parte, Abraham Gobel Gómez, presidente de la asociación Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (Atervac), informó que la Fiscalía General de la República (FGR), le notificó que hay elementos para continuar con la investigación que abrió por la denuncia que presentaron ante esa instancia, por las irregularidades e ilegalidades registradas en el proceso de licitación de la tecnología para el programa de Verificación Vehicular.

“La Fiscalía General de la República ya nos contestó y sí nos da una apertura al mencionar que, con base en las actuaciones que obran dentro de la presente indagatoria, se puede advertir que se acredita el tipo penal de tráfico de influencias, pues de las mismas se advierte que con fecha 17 de julio de 2019, se publicaron las bases de la licitación pública, con respecto a la proveeduría técnica del programa de verificación vehicular obligatoria del estado de Jalisco”, indicó.

Los dueños de talleres piden a la FGR, que se amplíe la investigación por los delitos de peculado y abuso de autoridad, además de los delitos ya denunciados de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción.

Ignacio Pérez Vega