Guadalajara, Jalisco.

El Gobierno de Jalisco no sólo perdió uno de los predios de 5.7 hectáreas de Colomos III ante un particular, sino que además la resolución del amparo que se le concedió contempla indemnizarlo debido a las obras que realiza el Ejecutivo ahí para convertir el sitio en un espacio de recreación, aseguró la diputada federal del PRI, Laura Haro.

“Y el particular dice: como ya hay obra ahí, como ya hay un proyecto que está llevando a cabo el Gobierno, pues indemnicen a mi cliente con dos mil millones de pesos. ¿Cómo? Si ya se habían ganado otros tres asuntos donde se ha dejado en manifiesto que esos predios son de las y los jaliscienses, ¿por qué va a haber una indemnización? En fin, esperamos que la Fiscalía Anticorrupción, (a la) que justo hoy acudimos, platicamos con el fiscal, pues haga su chamba y se determinen las responsabilidades”.

La diputada fue una de las priistas que acudió a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta omisión de funcionarios estatales en el proceso del juicio de amparo, interpuesto por el particular Ricardo Ramírez Angulo, al no acudir a una audiencia programada para el 24 de septiembre del año pasado. Recordó que la defensa de este asunto está a cargo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Laura Haro enfatizó que, durante la administración estatal pasada, se ganaron otros tres juicios similares, pero consideró que es “muy sospechoso” que, en este, donde más metros cuadrados se disputan, exista una ausencia de la autoridad estatal.

“El tema de estos terrenos. Estos predios que son de gran valor ambiental, donde se abastece de agua a cientos de hogares de Zapopan y Guadalajara, hay mantos freáticos, pues también son los predios de mayor valía en términos de desarrollo inmobiliario. El metro cuadrado es el más caro, no solamente de Jalisco, sino del Occidente del país. Tú ya sabrás que hay muchos intereses de particulares, intereses de construir ahí torres”.

De acuerdo con la legisladora, el Gobierno del Estado aún tiene la posibilidad de acudir a otra instancia para defender estos terrenos adquiridos desde 1890 por el Estado, a la cual espera que recurran, y si no, los priistas se dijeron dispuestos a controvertir el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).